ROMA, Italia, jul. 5, 2006.- El abogado de la Juventus, la potencia del futbol italiano en el centro de un caso de arreglo de resultados, dijo ante un tribunal deportivo el miércoles que el descenso a segunda división sería una sanción "aceptable" por su papel en el mayor escándalo de la historia del futbol italiano. La confesión contrastó con las firmes defensas y reconocimientos parciales en un juicio que podría condenar al descenso a varios clubes importantes.
El fiscal Stefano Palazzi ha pedido el descenso a la Serie C o aún más abajo para la Juventus y a la Serie B para Milan, Fiorentina y Lazio. También ha pedido que se despoje a la Juventus de sus títulos de las dos últimas temporadas.
Junto con los cuatro clubes, 25 directivos y árbitros del futbol responden a cargos de arreglo de partidos y deslealtad en el tribunal deportivo instalado en el estadio Olímpico de Roma. Los directivos podrían ser inhabilitados para ejercer funciones en el mundo del futbol.
El abogado de Juventus, Cesare Zaccone, reconoció que ex directivos del club mantuvieron contactos ilegales con funcionarios de la federación, pero insistió que no se trataba de arreglar resultados.
Preguntado por el juez presidente Cesare Ruperto cuál sería una pena apropiada, Zaccone respondió: "Una pena aceptable sería la misma que pidieron para los otros clubes, o sea la Serie B".
El ex gerente general de Juventus Luciano Moggi y el ex presidente Antonio Giraudo --quienes renunciaron en mayo con toda la directiva-- están acusados de montar un sistema corrupto para la designación de árbitros y las sanciones a jugadores.
La fiscalía dijo que Moggi y Giraudo mantenían contactos continuos con árbitros por teléfono y cenas frecuentes realizadas para manipular el sistema de arbitraje. Moggi, que aún no ha comparecido, ha rechazado todos los cargos.
Zaccone dijo que las intercepciones telefónicas presentadas por la fiscalía no demostraban que los clubes trataban de afectar los resultados sino que realizaban "operaciones de cabildeo" que podrían ser antideportivas.
El abogado de Giraudo, Luigi Chiappero, dijo que "el mero hecho de que esta gente se reuniera y conversara frecuentemente podría ser incorrecto", pero no había indicios de arreglos de resultados.
Otros directivos acusados también se defendieron el miércoles.
Franco Carraro, ex presidente de la federación y el directivo de mayor jerarquía implicado en el escándalo, rechazó la acusación de que trató de influencias las decisiones de los árbitros por pedido de los clubes.
Carraro dijo ante el tribunal que hablaba con los árbitros únicamente cuando consideraba que habían cometido un error grave durante un partido.
"Siempre les pedía que trataran de cometer la menor cantidad posible de errores y que trataran a todos los equipos y jugadores por igual", dijo.
En su alegato inicial el martes, el fiscal dijo que intercepciones telefónicas revelan que Fiorentina y Lazio afectaron la designación de árbitros y las decisiones de éstos en la cancha a través de contactos con Carraro y otros directivos de la federación.
El dueño de la Fiorentina, Diego Della Valle, y el presidente de Lazio, Claudio Lotito, dijeron en su defensa que se comunicaban con los directivos cuando se consideraban "víctimas" de errores.
"Yo sólo señalé que Lazio había padecido injusticias y el presidente Carraro reconoció que se habían producido situaciones desfavorables", dijo Lotito en el tribunal.
La federación ha dicho que los veredictos se conocerán antes de la final del Mundial, el próximo domingo.
El juicio continuará el jueves, y se esperan más alegatos de las defensas.
Fiscales del fuero criminal de Nápoles, Roma y Turín están investigando denuncias de fraude deportivo y contable y apuestas ilegales, pero la presentación de cargos podría demorar varios meses.