La fiscalía ha pedido que la Juventus sea sancionado con el descenso a la Serie C o aún más abajo, y Milan, Fiorentina y Lazio a la Serie B. También pidió que se despoje a la Juventus de los títulos ganados en las dos temporadas anteriores.

25 directivos y árbitros están implicados en el caso y podrían ser inhabilitados para seguir ocupando cargos en el futbol.

"El respeto a las reglas está en el ADN del Milan", dijo el abogado del club, Marco de Luca, al negar que éste tuviera conocimiento sobre intentos de presionar a los árbitros.

Según los fiscales, el directivo del Milan Leonardo Meani mantenía contactos con funcionarios de la federación para que se designaran determinados árbitros a sus partidos. Acusan al vicepresidente Adriano Galliani de deslealtad por presuntamente aprobar los negocios de Meani.

De Luca dijo que Meani actuaba por su cuenta y no se debe responsabilizar al club por los contactos que mantenía.

"Los contactos no fueron llevados a la atención de Galliani ni del club", dijo el abogado. "Eran relaciones personales que no concernían al Milan".

El ex premier Silvio Berlusconi, dueño del Milan, ha dicho que el club ha sido víctima de favores otorgados a otros clubes. Esta semana dijo que el pedido de sanción con el descenso para Milan es "absurdo y desproporcionado".

El ex gerente general de Juventus Luciano Moggi y el ex presidente Antonio Giraudo --quienes renunciaron en mayo con toda la directiva-- están acusados de montar un sistema corrupto para la designación de árbitros y las sanciones a jugadores.

Los abogados defensores de la Juventus y Giraudo han reconocido que los contactos funcionarios eran antideportivos, pero que no hubo arreglo de resultados. Dijeron que el descenso a segunda división sería una sanción "aceptable".