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CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 26, 2003.- El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública resolvió dar de baja "definitivamente" como efectivo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) a Fernando Guzmán López conocido ya como "el guarura de Lucero". En el expediente CHJ/1244/03 el organismo, que preside el segundo inspector Genaro Gutiérrez Gutiérrez, se refiere a los hechos que protagonizó Guzmán López en el Teatro San Rafael el pasado 14 de agosto donde amenazó con su pistola de cargo a un grupo de reporteros.
En un documento de 13 cuartillas el presidente suplente del Consejo de Honor y Justicia, Gutiérrez Gutiérrez sostiene que el indiciado incurrió en faltas graves a los principios de actuación y a las normas de disciplina establecidas en los cuerpos de seguridad pública.
En tal sentido, señaló que un elemento de guardia como el cargo que ocupaba Guzmán López está obligado a respetar el orden jurídico en todo momento según la Constitución y las leyes que de ella emanen, servir con fidelidad y honor a la sociedad, así como respetar y proteger los derechos humanos de terceras personas.
Asimismo, está impedido a recurrir a medios violentos o a hacer uso de la fuerza con las armas a su cargo.
El funcionario recordó que un elemento policial debe contar con la capacitación suficiente para prevenir una situación como la registrada en el Teatro San Rafael.
Dicha capacitación, precisó, le brinda las herramientas necesarias para salir airoso de una "agresión" como la que, en su momento, argumentó el "guarura de Lucero", sin necesidad de llegar a los extremos vergonzosos y deleznables que utilizó el día de los hechos una vez que la artista Lucero Hogaza León, se retiró del teatro al término de la obra Regina.
En el expediente resolutivo, que es firmado también por el secretario del Consejo de Honor y Justicia de la SSP, José Gómez González y la vocal propietario, Gloria Guadalupe Hernández González, se notifica a Guzmán López de la decisión final en su contra, tomada el pasado 18 de septiembre y en la que se determina su destitución definitiva de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal.
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