Adquiere ‘Desarrollo y política en la frontera norte’ |
TUCSON, Estados Unidos, may. 2003.- Las familias de 14 indocumentados
mexicanos que murieron cuando intentaban cruzar el desierto hace
dos años entablaron una demanda por 42 millones de dólares contra
el departamento del Interior de Estados Unidos.
La demanda dijo que la política federal en la frontera obligó a
los inmigrantes ilegales a ingresar en Estados Unidos en mayo de
2001 a través de una región del suroeste de Tucson, Arizona, donde
existe poca agua.
La demanda también señala que las autoridades estadounidenses se
negaron a permitir al grupo "Humane Borders" (fronteras humanas)
a colocar una planta de agua "en la zona exacta" donde los
indocumentados murieron.
La demanda, presentada el 30 de abril en la corte de distrito de
Tucson, y conocida el miércoles siete de mayo, exige tres millones de dólares
para las familias de cada uno de los fallecidos.
La oficina del fiscal, que representa a Estados Unidos en todas
las demandas civiles, no formulará un comentario oficial, dijo
Michael Johns, vocero de la agencia.
En mayo de 2001, los indocumentados quedaron varados en el
parque nacional Cabeza Prieta, al sureste de Yuma, y pasaron tres
días en el desierto sin agua.
Agentes de la patrulla fronteriza los encontraron el 23 de mayo
del mismo año. Catorce personas murieron de deshidratación o por causa del intenso calor. Otras 12 sobrevivieron.
Robin Hoover, presidente de Humane Borders, dijo que su grupo
había pedido permiso para establecer una planta de agua dos meses
antes de que los indocumentados cruzaran la frontera, pero la
solicitud fue rechazada, debido a que se temía por la subsistencia
de un antílope que figura entre las especies en vías de extinción.
"Luego, el 23 de mayo, recogieron 14 cadáveres", dijo Hoover
al diario the Arizona Daily Star.