CIUDAD DE MÉXICO México,oct. 02, 2003.- Hace un año volvían a centellear las cenizas de la esperanza: por primera vez un ex dirigente estudiantil reconocía los esfuerzos del Gobierno para llegar a esclarecer los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en 1968.

Las cifras oficiales hablan de menos de 40 muertos; la prensa internacional, la CIA y los ex dirigentes estudiantiles calculan que fueron alrededor de 200 los homicidios; además de las mil detenciones de estudiantes, las torturas, las vejaciones...

Félix Gamudio, integrante de la Comisión del 68, celebraba hace un año que por primera vez en la historia del “68” se conmemoraba un aniversario con una investigación abierta.

Esperaban que después de una lucha de 34 años, finalmente se identificara a los responsables y se pasara de las declaraciones a las consignaciones y al castigo a los culpables.

Pero la investigación, promovida por los ex dirigentes estudiantiles en 1998, cerrada por la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el argumento de que los delitos habían prescrito, y ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien determinó que era obligación del Ministerio Público Federal investigar los hechos y del juez determinar la prescripción, ésta sigue como al principio: sin culpables ni responsables, atrapada en el laberinto de la legalidad.

En noviembre del 2001, el gobierno federal creó la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMPSP), a cargo del fiscal Ignacio Carrillo Puerto, encargada de investigar y castigar los delitos cometidos por las autoridades en el pasado, como la matanza del 68, el “Jueves de Corpus”, la llamada “Guerra Sucia” y las desapariciones de maestros.

A dicha Fiscalía se le entregaron los archivos secretos del Cisen, 80 millones de fichas, recursos federales y una autonomía -al menos en teoría- para investigar y proceder contra los culpables.

Al paso de los días la Fiscalía cuenta actualmente con más de 500 denuncias sobre ilícitos del pasado; pobres recursos; miles de hojas en expedientes; 6 mil 400 fotografías; un incalculable archivo hemerográfico, y la satisfacción de haber llamado a declarar a un personaje hasta entonces intocable, como lo era un ex presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, quien compareció el 2 de julio del 2002.

Pero a casi dos años de su creación, la Fiscalía del Pasado no ha consignado a ningún presunto responsable por estos acontecimientos.

Han comparecido en calidad de indiciados el ex presidente Luis Echeverría, el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, el ex jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza y el ex agente del Ministerio Público Federal, Salvador del Toro Rosales.

Echeverría y Gutiérrez Oropeza se han responsabilizado mutuamente, pero sin llegar ni siquiera a contradecir la versión oficial, rendida por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, el 3 de octubre de 1968.

El militar justificó la actuación del Ejército y dijo que ellos sólo habían repelido la agresión que les vino dede las azoteas por parte de seudoestudiantes.

A 35 años de sucedidos los hechos, el Ejército mexicano sigue sin reconocer la existencia del “Batallón Olímpia”. Un grupo de alta fuerza con más de mil elementos adiestrado para actuar en caso de motines y para repeler agresiones.

En agosto del 2002, el fiscal aseveró que las pesquisas sobre la matanza estudiantil avanzaban "un tercio del total" y los silencios como los de Echeverría también eran reveladores.

El ex agente del Ministerio Público, Salvador del Toro, declaró que hubo irregularidades al encarcelar a los líderes del movimiento estudiantil.

El ex procurador general Julio Sánchez Vargas, tampoco quiso responder.

Y el ex general Luis Gutiérrez Oropeza, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, sólo contestó 18 de las 36 preguntas que le hizo el Ministerio Público, porque al resto como respuesta ofreció:"eso ya se conoce en la literatura de la época".

Las voces de intelectuales como la escritora Ana Poniatowska y Carlos Monsivais, señalan que no hay una intención de fondo de parte del gobierno de Fox para esclarecer estos lamentables hechos, y prueba de ello es la falta de resultados tangibles.

Otros, como la activista Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del comité Eureka, son mucho más severos; califica la fiscal Carrillo Prieto de “palero” y considera que esa Fiscalía es “para tapar todo el pasado. Para no hacer nada y no juzgar a los militares que cometieron los peores delitos".

El analista José Antonio Crespo opina que "ya sabemos que es lo que pasó, ahí es en donde estamos atorados, porque ya no hay mucho que investigar, la idea de lo que pasó y la tenemos bastante clara, lo que hay que hacer es emprender acciones judiciales".

La Fiscalía del Pasado espera un fallo de la Suprema Corte de Justicia para poder consignar a algunos de los presuntos responsables ante la justicia federal.

En ese fallo, la Corte decidirá si el delito de desaparición forzada prescribe o no, en los casos en que las víctimas nunca fueron encontradas.

Mientras que la Secretaría de la Defensa ordena al general Luis Gutiérrez Oropeza guardar silencio en torno de los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de julio de 1971, y cambiarse de domicilio, el secretario de Gobernación asegura que se ha integrado una averiguación previa completa, se ha consignado ante un juez y sólo están en espera de resolución de la Suprema Corte.

Hasta la fecha no hay un solo responsable.

La única consignación que ha realizado la Fiscalía del Pasado fue en contra de los ex jefes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, y del ex agente Juventino Romero Cisneros, por la desaparición del hijo de Rosario Ibarra de Piedra.

Sin embargo, el juez federal negó las órdenes de aprehensión por considerar que prescribió el delito de secuestro a los 22 años con seis meses.

Es decir, la pelota está en aire y seguimos como al principio.

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