Cinco semanas de bloqueos y protestas, iniciadas contra el proyecto de exportación de gas a Norteamérica, obligaron a renunciar al gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada tras un mandato de catorce meses en el que se contabilizaron más de un centenar de muertos en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

El conflicto social que expulsó el 17 de octubre a Sánchez de Lozada, hizo temer por la vigencia de la democracia boliviana, pero de acuerdo a la Constitución, se logró la sucesión presidencial en favor de Carlos Mesa.

En octubre la democracia boliviana cumplió la mayoría de edad pero a su vez enfrentó una de las mayores crisis de sus 21 años de historia, iniciada en 1982 cuando el presidente Hernán Siles Zuazo puso fin al ciclo de las dictaduras.

Más de 70 muertos, cientos de heridos, millonarias pérdidas económicas y el relevo en la presidencia fue el saldo de las protestas, a las que se sumaron diversos sectores sociales, partidos de la oposición y movimientos indígenas y campesinos.

Múltiples demandas sociales y viejas rencillas regionales salieron a la luz en este conflicto y se unieron para poner contra las cuerdas al gobierno de Sánchez de Lozada bajo el común argumento de que las reservas de gas del país, las segundas mayores de Sudamérica, debían beneficiar a los bolivianos antes de su exportación.

La polémica por este proyecto se fue agravando durante el mandato de Sánchez de Lozada a medida que se acercaba la hora de elegir un puerto chileno o peruano para exportar el gas desde el Océano Pacífico.

RIVALIDAD

La rivalidad con Chile , país que arrebató en una guerra a Bolivia su último tramo de litoral, puso la mayor traba a este proyecto que acabó cuestionado en su totalidad y que sólo verá la luz si la población lo aprueba en un referéndum.

Mesa se ha comprometido a convocar esta consulta que primero cuestionará si se debe exportar el gas y posteriormente por dónde debe salir el producto, que explota en Bolivia un consorcio formado por las firmas Repsol YPF, British Gas y British Petroleum.

Los partidos de la oposición Movimiento al Socialismo, del líder cocalero Evo Morales y Movimiento Indígena Pachakuti, de Felipe Quispe, lograron, además del referéndum, el compromiso de que se revisará la Ley de Hidrocarburos para elevar la actual tasa del 18 por ciento con que tributan las ganancias de las firmas petroleras.

La ya bautizada "guerra del gas" puso también de manifiesto las rivalidades regionales entre los departamentos del oriente boliviano, donde se encuentran las reservas de hidrocarburos, y el occidente altiplánico, que concentró las protestas.

Santa Cruz, capital del oriente y sede de la Cumbre, vivió prácticamente ajena al conflicto en el altiplano pese al intento frustrado de algunos grupos de productores de coca y campesinos de la región del Chapare de ingresar a la ciudad para protagonizar marchas y protestas.

El hecho de que sean Tarija y Santa Cruz las regiones con mayores reservas de hidrocarburos hizo que las protestas contra el gas no calara en estos departamentos beneficiados por las regalias y tributos generados por el gas y el petróleo.

La preocupación sobre el futuro de la Cumbre Iberoamericana, que por primera vez en sus trece años de historia iba a celebrarse en Bolivia, perduró durante todo el conflicto.

Las dudas se despejaron en el mismo momento en que asumió el cargo el nuevo Ejecutivo de Carlos Mesa, hasta entonces vicepresidente del país, quien adoptó una fórmula independiente de gobierno sin participación directa de los partidos políticos pero con su apoyo parlamentario.

Tal y como dijo el mismo día de la toma de posesión el nuevo canciller, Juan Ignacio Siles, "Bolivia cumple los compromisos" y la Cumbre se llevará a cabo "de la forma más sobria posible, de la forma más austera posible".

APOYO A BOLIVIA Y A LA DEMOCRACIA

De acuerdo a lo expresado recientemente por el canciller peruano, Allan Wagner, los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la XIII Cumbre Iberoamericana darán su respaldo al nuevo gobierno de Bolivia y debatirán la urgencia de fortalecer la democracia en la región.

El funcionario dijo que en la reunión, los mandatarios de 21 países analizarán en detalle el tema de la gobernabilidad democrática.

"Vamos a revisar lo avanzado en las anteriores cumbres, pero un punto central que necesariamente se va a tocar (en la cita de Bolivia) es la forma como se deben enfrentar las vulnerabilidades que confronta la región", señaló el jefe de la diplomacia peruana.

Indicó en ese sentido que se revisarán los mecanismos para afianzar la democracia y atender problemas que afectan la seguridad regional, como el narcotráfico, el terrorismo, la pobreza, la deuda externa, el desarrollo humano, entre otros.

"El punto principal de la Cumbre tiene que ver con el fortalecimiento del proceso de las Cumbres Iberoamericanas, por esto se hizo en República Dominicana (en 2002) un encargo al ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, sobre esa materia", explicó.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el establecimiento de mecanismos financieros innovadores para afianzar la gobernabilidad democrática y contribuir a la superación de la pobreza son aspectos que tendrán que debatirse, apuntó Wagner.