Cuando Fox asume el poder, da inicio la llamada política de ‘Buen Gobierno’ que se aplica en toda la administración pública federal. Las prioridades; el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada.

Para lograr los objetivos en materia de seguridad, semanas antes de asumir la Presidencia de la República, Fox Quesada presentó su gabinete, que incluía un dedicado exclusivamente al orden y respeto. Desde entonces, las Secretarías y dependencias que conforman este grupo no ha sufrido modificación alguna. Los funcionarios que están a cargo de cada una de ellas son:

• Secretaría de Gobernación (Segob), Santiago Creel Miranda.

• Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Gerardo Clemente Ricardo Vega García.

• Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.

• Secretaría de Marina, Marco Antonio Peyrot González.

• Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha.

• Secretaría de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia (SSP), Alejandro Gertz Manero.

NARCOTRÁFICO

A tres años de alcanzar la silla presidencial, -a la mitad del cambio- Vicente Fox reestructuró a la PGR y se creó la Agencia Federal de Investigación (AFI) con el fin de perseguir a la delincuencia organizada en México y desarticular a las bandas dedicadas al lavado de dinero y al narcotráfico. Para lograrlo, el gobierno foxista también se ha apoyado de la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en puntos estratégicos del país y en las zonas de mayor incidencia delictiva, con el apoyo, por supuesto, del Ejército mexicano.

Desde el 1 de diciembre de 2000, el Gobierno Federal ha realizado diversos operativos para combatir a peligrosas redes de narcotraficantes y, de esta manera, combatir los delitos contra la salud.

Hasta el 30 de junio de 2003, se logró la detención de 21 012 personas relacionadas con el narco y la distribución de drogas al menudeo, de las cuales, el 59% se logró a través de los operativos realizados por la Procuraduría General de la República (PGR). Del total de personas detenidas, 15 son líderes, 35 financieros, 55 lugartenientes, 112 sicarios, 138 funcionarios y 20 657 son colaboradores y distribuidores al menudeo, vinculados a siete organizaciones delictivas.

Entre las capturas de líderes de cárteles de la droga en México, destacan la de Benjamín Arellano Félix –la pieza más importante de la organización delictiva de los Arellano Félix- que fue capturado el 9 de marzo de 2002, y la del líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén –el segundo narco más buscado después de Joaquín “el chapo” Guzmán”, durante un enfrentamiento en un fraccionamiento de Matamoros, Tamaulipas, en el que participaron elementos del Ejército mexicano, el 14 de marzo de este año.

En el 2002, también se confirmó la muerte de Ramón Arellano Félix, el número dos del Cártel de Tijuana -sólo por encima de su hermano Benjamín-, quien presuntamente fue víctima de una trampa que le tendió la banda del ‘Mayo’ Zambada, y que terminó en una balacera el 10 de febrero de ese año, en Mazatlán, Sinaloa.

El 31 de julio de 2003, 17 meses después de aquel enfrentamiento, con la aplicación de mecanismos de cooperación bilateral, México y Estados Unidos desarticularon a la banda de narcotraficantes de Ismael Zambada García, alias ‘el Mayo’ Zambada, en un operativo conjunto que concluyó con la detención de más de 100 personas, entre ellas, el señalado capo Manuel Campas Medina. Sin embargo, la búsqueda de ‘el Mayo’ Zambada aún continúa.

SECUESTRO

En los últimos años, el secuestro en México ha alcanzado cifras alarmantes, por lo que desde su campaña presidencial, Fox se comprometió a erradicar este problema delictivo y el combate contra las bandas de plagiaros que operan en la República Mexicana, aún se mantiene firme.

El 21 de abril de 2002, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, presentó el Programa Nacional de Procuración de Justicia, para ejecutar acciones contra la delincuencia y el crimen organizado. Con el actual sistema de Seguridad Nacional no se ha podido erradicar el secuestro en México, pero se han desmembrado peligrosas bandas dedicadas a este ilícito.

Tan sólo en el ámbito federal, se han desarticulado a 20 bandas de secuestradores y se han capturado a 94 de sus miembros. Hasta la fecha, el gobierno de Fox ha resuelto 133 casos de secuestro, logrando la liberación del 100% de las víctimas involucradas, cuya cifra llegó a 142.

Los estados donde el combate al secuestro se ha desarrollado con más fortaleza, debido a la peligrosidad de las bandas delictivas que operan en estas regiones, son: Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. A pesar de las desarticulación de peligrosas redes de secuestradores, este problema se mantiene y las autoridades ya tienen identificadas a otras 14 bandas.

Cabe destacar que de los delitos cometidos en México, sólo el 5% corresponde al ámbito federal y el otro 95% son de competencia local.

Cabe destacar que en el marco de la XI Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se suscribieron las “Bases de Colaboración en Materia de Combate al Delito de Secuestro” en el que todos los sectores de procuración de justicia en la República Mexicana se comprometen a hacerle frente a este mal, y en general, a la delincuencia organizada.

LAS MUERTAS DE CIUDAD JUÁREZ

Uno de los problemas más graves con los que ha tenido que lidiar el presidente Vicente Fox, es con la serie de crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante más de 10 años, más de 370 asesinatos han sacudido a esta ciudad del norte de la República Mexicana, de los cuales, según cifras dadas a conocer recientemente por Amnistía Internacional (AI), al menos 137 de las víctimas fueron agredidas sexualmente antes de morir, mientras que 75 cadáveres aún no han podido ser identificados.

Múltiples recomendaciones se han enviado el gobierno mexicano en torno a este tema, en las que se le pide investigar y sancionar la negligencia, omisión, complicidad de funcionarios y policías y castigar a quienes hayan cometido abusos a los derechos humanos, actos de tortura o encubrimiento de estas desapariciones, que mantienen en jaque a la sociedad mexicana.

La decisión más importante de Vicente Fox con relación a “las muertas de Ciudad Juárez”, fue la creación, primero, de una Fiscalía Mixta que se encargara de investigar los asesinatos de mujeres y, segundo, el nombramiento de Guadalupe Morfín como comisionada del caso que ha llegado a dominios de la ONU, la cual, se ha encargado de analizar el caso a través de expertos internacionales de la Comisión de Prevención del Delito y Combate a las Drogas de Naciones Unidas.

Se trata de un grave problema, en el que médicos criminalistas han descartado el tráfico de órganos como uno de los móviles de estos imperdonables crímenes. La propia Guadalupe Morfín –experta en asuntos de género y violencia, y con una larga trayectoria en defensa de las mujeres- reconoce que es un asunto de Estado y prioritario para el Gobierno Federal.

CORRUPCIÓN

Cuando estaba en campaña, Vicente Fox siempre resaltó que uno de los problemas más graves en México, y que su erradicación tenía prioridad, es el de la corrupción e impunidad. En uno de sus tantos discursos previo a las elecciones presidenciales del 2000, el entonces candidato de la Alianza por el Cambio mencionó: “los mexicanos sabemos mejor que nadie que si el gobierno hubiera sido honesto, si no se hubiera cruzado de brazos, si no se hubiera asociado con delincuentes, hoy no tendríamos ni la corrupción, ni la inseguridad, ni la impunidad que tenemos”.

En su más reciente Informe de Gobierno, el tercero para ser exacto, el presidente Fox resaltó que en los últimos 12 meses, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, intensificó las acciones preventivas y correctivas contra la corrupción y fomentó el desempeño responsable y transparente de los servidores públicos.

Y en efecto, en lo que va de esta administración foxista se creó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (2001-2006), con el fin de promover la eficiencia en la gestión gubernamental, entre las dependencias y entidades públicas, para adoptar mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Sin embargo, el más reciente informe de la organización “Transparencia Mexicana” asegura que los mexicanos gastamos en corrupción –en promedio- 10 mil 656 millones de pesos al año. Esta cifra fue arrojada por una encuesta que la agrupación realizó en el transcurso del 2003.

Según el sondeo, en el que se calculó la corrupción en 38 servicios públicos del país, cada una de las “mordidas” tiene un costo promedio de 107 pesos.

La organización también destacó que el mayor nivel de corrupción se registra entre los elementos de tránsito y corralones.