CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 1, 2004.- En este trimestre los mexicanos exigieron al gobierno, con una manifestación masiva, que cumpla su responsabilidad en materia de seguridad, protección y justicia. LA MARCHA DEL SILENCIO
27 de junio: La muerte de los hermanos Gutiérrez Moreno, secuestrados en el DF y asesinados en el Estado de México, originó la idea de protestar por la inseguridad.
Cientos de personas vestidas de blanco ocuparon las avenidas de la Ciudad de México y manifestaron sus demandas: seguridad, castigos más severos a los delincuentes y pena capital a los secuestradores. La marcha titulada: “Ya basta”, se impuso sobre los intereses políticos de cualquier grupo, partido y sector. Más de 250 mil personas abarrotaron el Zócalo capitalino, dando vida a la mayor marcha en la historia de la Ciudad de México.
Porque si algo asemeja a los mexicanos, es haber sido víctima de un hecho violento a mano de los delincuentes, quienes hasta hoy tienen secuestrada a la mayoría.
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SECUESTRO
El secuestro en México se ha convertido en una práctica diaria que, por desgracia, va en aumento. Los empresario afirman que el país ocupa el segundo lugar del delito a nivel mundial. Las cifras oficiales de la PGR señalan que en esta administración, del 2001 y 2004, han detenido a 305 secuestradores, desmantelado 48 bandas de plagiarios y resuelto en forma exitosa 419 casos.
Pero la Coparmex tiene otras estimaciones. Señala que en el 2003 se denunciaron 422 secuestros, y como sólo se denuncia uno de cada tres, el número de plagios supera los mil en un año.
Ante la presión ejercida por la sociedad civil, las autoridades locales y federales iniciaron las primeras acciones. Empresarios y autoridades de la capital anunciaron un programa de recompensas para quienes denuncien a los secuestradores, homicidas y violadores. Ofrecen a los denunciantes cantidades entre 500 y 5 mil pesos, dependiendo de la calidad de la información, y los policías podrán recibir un bono por cada captura de plagiario.
Siete estados de la República preparan una estrategia antisecuestro, con un banco de datos especializado, y en el Congreso aprobaron una iniciativa para escuchar a los organismos civiles de manera ordenada. En el DF, las reformas contra el secuestro contemplan la pena de hasta 40 años de cárcel a quienes mutilen o lesionen a la víctima; y también se contemplan castigos para quienes participen como “intermediarios” con los secuestradores, con penas de hasta ocho años de prisión.
EL DIARIO ZETA, NUEVAMENTE DE LUTO
22 de junio: Francisco Ortiz Franco, editor y fundador del semanario Zeta de Tijuana, fue acribillado por dos desconocido que le dispararon en presencia de sus hijos.
En protesta por la violencia que se vive en esa ciudad, decenas de periodistas marcharon, y organismos nacionales e internacionales, como la UNESCO, condenaron el crimen del periodista especializado en la denuncia del tráfico de drogas y la corrupción. Se suma a la muerte del periodista Héctor Félix Miranda, acribillado en 1988, y al atentado del director del semanario, Jesús Blancornelas, en 1997, quien salvó la vida, todos miembros de esa empresa periodística .
También el FBI se unió a los reclamos y ofreió un millón de pesos a quien aporte pistas. La Procuraduría estatal nombró una fiscalía espacial.
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TOQUE DE QUEDA EN TLALNEPANTLA
El alcalde panista de Tlalnepantla, Estado de México, Ulises Ramírez, se vio afectado por sus propias declaraciones. Dijo que en su municipio habría “toque de queda” para combatir la delincuencia e inseguridad, y después redujo la expectativa a un simple “operativo preventivo”.
El 5 de junio dio inicio el operativo nocturno por tierra y aire. Los policías municipales instalaron retenes en las colonias más conflictivas, con la consigna de detener a quienes consideraren fuera de lugar, después de las 22:00 horas. Fue tal el revuelo que muchos medios informativos transmitieron en vivo el inicio de este operativo.
Hasta la fecha el resultado ha sido la detención de bebedores en vía pública o jóvenes que pintan las paredes. Sin embargo, el PRD demandó ya al alcalde ante la PGR. Lo acusan de violar las garantías individuales de la población, al detener a ciudadanos sin orden de aprehensión o en flagrancia de delito. La denuncia es por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y delitos cometidos contra la administración de la justicia.
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PONEN PRECIO A LA CABEZA DE MACEDO
La vida del procurador general Rafael Macedo de la Concha tiene ya un precio. Narcotraficantes de distintos cárteles ofrecen hasta 2 mdd por matar al titular de la PGR, y al subprocurador contra a Delincuencia Organizada. José Luis Santiago Vasconcelos.
Las principales amenazas provienen del cártel de los hermanos Valencia y del Grupo de “Los Zetas”, del cártel del Golfo. Los encargados de la lucha contra el narcotráfico dicen que ya están acostumbrados a estas advertencias, y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, afirma que no ellos no son los únicos funcionario amenazado, es más, y se enorgullece porque "no hay un sólo cártel de la mafia organizada de este país que no haya sido tocado”.
Los narcotraficantes han encontrado en Rafael Macedo un férrea resistencia para su operación.
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Pero el narcotráfico ha crecido. La Secretaría de Seguridad Pública informó a la Cámara de Diputados que los delitos contra la salud están a la alza. En el 2003 se registraron 28 mil 645 delitos contra la salud, en el 2002, había 23 mil 588, del 2002.
EXPLOSIONES EN MORELOS
23 de mayo: Los movimientos guerrilleros encienden un nuevo foco rojo en Morelos. La madrugada del domingo explotaron tres artefactos en igual número se sucursales bancarias, en Jiutepec, Morelos, sin víctimas. El presidente Fox aseguró que se trató de un hecho aislado y garantizó seguridad y tranquilidad en el país.
Tras las investigaciones, la PGR ha determinado que los autores son miembros del llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), dos grupos guerrilleros que han hecho sus apariciones en Morelos y el DF. Los artefactos, dijo la PGR, son similares a los que utilizaron los hermanos Cereso Contreras, quienes detonaron explosivos en sucursales bancarias del DF, en el 2001. Los hermanos Cereso fueron sentenciados a 13 años de prisión por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Terrorismo y Portación de Arma Prohibida.
La PGR afirmó que el móvil de las explosiones es realizar actos para aparentar un estado de ingobernabilidad en la entidad.
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