Según una nota oficial, el Ministerio Público pidió a la Corte Suprema que Fujimori pague una reparación civil por daños al Estado, equivalente a unos 5.7 millones de dólares.

El fiscal supremo Nicanor de la Fuente solicitó al Poder Judicial que el ex presidente peruano, actualmente exiliado en Japón, sea declarado reo ausente y que se le imponga dos años de prisión, y que además "solicite su captura y extradición para que responda por los delitos que se le acusa ante los tribunales peruanos".

En noviembre del año pasado Fujimori viajó a Brunei donde asistió a la 8va cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, tras lo cual se trasladó a Japón desde donde renunció a la presidencia, por escrito, ante el Congreso.

El Congreso no aceptó la renuncia y en cambio lo destituyó por incapacidad moral para gobernar. Fujimori viajó a Japón en medio de un escándalo de corrupción en su gobierno después que el canal N, de televisión por cable, el 14 de septiembre transmitió un vídeo donde el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos aparece sobornando con 15 mil dólares al legislador de oposición Alberto Kouri para pasarse a la bancada fujimorista, lo que ocurrió efectivamente.

Montesinos, quien huyó a Venezuela en octubre, fue capturado en Caracas el 23 de junio y deportado a Lima el 25. Se encuentra preso en una cárcel para guerrilleros, diseñada por él cuando era hombre fuerte del gobierno de Fujimori, en una base de la armada en el puerto El Callao, al oeste de Lima.

Según el procurador especial José Ugaz, quien investiga el origen de la fortuna de Montesinos, éste afronta 52 cargos que van desde enriquecimiento ilícito, narcotráfico, corrupción de funcionarios hasta contrabando de armas para guerrilleros colombianos, compra sobrevalorada de armamento para el Perú y violación de derechos humanos.