El presidente de la comisión acusadora que investigó los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el parlamentario Daniel Estrada, declaró que los atentados constituyen "crímenes de lesa humanidad, y como delitos internacionales, son perseguibles universalmente".

El dictamen acusatorio, presentado al pleno por Estrada, fue aprobado por unanimidad por 75 votos a favor y ninguno en contra.

Estrada señaló que el ex mandatario es "coautor" de las matanzas ocurridas en el distrito de Barrios Altos, donde murieron 15 personas que asistían a una fiesta el tres de noviembre de 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad limeña La Cantuta, el 18 de julio de 1992.

La comisión legislativa encabezada por Estrada también concluyó que existe lugar para formular acusación constitucional a efectos de que Fujimori sea denunciado por la presunta comisión de los tres delitos, homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, por lo que recomendó que hay lugar para la formación de causa por su presunta responsabilidad en las dos masacres.

"Hemos venido con el arma de la democracia para curar nuestras heridas, saldar las cuentas con el pasado reciente, pero sobre todo porque queremos sancionar a quien violó dignidad de la patria", dijo el legislador ante el pleno.

En su exposición, Estrada dijo que la matanza de los Barrios Altos y de La Cantuta, perpetradas por el grupo Colina integrado por oficiales y subalternos del ejército-, fueron parte de un operativo sistemático porque corresponde a un plan preconcebido supuestamente para combatir a la subversión.

"No fueron acciones espontáneas ni aisladas de un grupo de soldados del ejército, eso es imposible", dijo al puntualizar que el nacimiento del grupo Colina "fue parte de ese plan de gobierno, de un programa ejecutado y dirigido desde una alta instancia del poder. No podía ocurrir un hecho así si no había la anuencia de las máximas instancias de poder".

FUJIMORI SABÍA DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO COLINA

Al indicar que el ex mandatario conocía las actividades de esa organización ilegal, Estrada señaló que éste potenció la maquinaria del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), del que dependía Colina, le dio facultades especiales, para ejecutar "operaciones especiales de inteligencia". Las matanzas, añadió, fueron precisamentre eso.

Detalló que Fujimori reestructuró verticalmente el SIN haciendo que dependiera exclusiva y directamentre de él, a la vez que dotó de equipos especiales al grupo Colina, como armas sofisticadas, y con una asignación especial de 9 a 12 mil dólares.

Estrada mostró documentos internos del Ejército que probarían que el propio ex mandatario pidió el ascenso en el escalafón militar de los jefes del grupo paramilitar.

Incluso mostró un documento firmado por Fujimori en que felicita al mayor Santiago Martin Rivas, jefe operativo de Colina, "por prestar eficiente servicio en materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia".

"Esto es irrefutable", sentenció Estrada.

Mencionó también, en base a testimonios de ex agentes de inteligencia, que Fujimori prometió impunidad a los autores de las dos matanzas. Como muestra de ello dijo que el ex presidente impulsó una ley de amnistía cuando grupos de derechos humanos revelaron las masacres. Merced a esa polémica ley, los autores de las matanzas fueron liberados en 1995.

El legislador hizo notar que no se pueden pedir pruebas fehacientes cuando se sabe que los operativos de inteligencia se caracterizan por no dejar huella, según declaró ante la comisión el general José Cacho, ex comandante general del Ejército.

"Por tanto no hay documentos, no hay huellas, no existen planes, porque todo fue incinerado, por tanto nadie nos podrá exigir un documento en que esté la huella digital de Fujimori ordenando las matanzas", dijo.