Un portavoz de la cancillería japonesa indicó que la decisión del Congreso peruano no afecta en nada su posición respecto a Fujimori, quien el año pasado se autoexilió en el país asiático tras un escándalo de corrupción que lo llevó a abandonar el poder.

Con 75 votos a favor y ninguno en contra, los congresistas peruanos acusaron la víspera al ex mandatario de ser responsable de las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) por el Grupo Colina, que dependía del Servicio de Inteligencia Nacional.

El gobierno de Perú indicó que la votación, que allana el camino para la realización de un proceso penal, aumenta las probabilidades de que Japón entregue a Fujimori para que enfrente los cargos en su contra.

Sin embargo, la fuente japonesa indicó que la posición de Tokio, que ha rechazado en otras ocasiones la posibilidad de extraditar al ex jefe de Estado, permanece inalterada, independientemente de la naturaleza de las nuevas acusaciones.

Agregó que si hay una solicitud de cooperación por parte del gobierno peruano, Japón responderá de acuerdo con las leyes japonesas aplicables.

Pero advirtió que en principio Fujimori no puede ser extraditado bajo la legislación del país asiático, debido a que tiene la nacionalidad japonesa, además de que no hay tratado de extradición entre las dos naciones.

Daniel Estrada, miembro de la subcomisión parlamentaria peruana que promovió la acusación, declaró que en vista de que se imputan a Fujimori delitos de lesa humanidad, el Poder Judicial podrá ordenar su detención y la cancillería iniciar los trámites de extradición.

"No puede haber un gobierno que proteja o encubra hechos de tal magnitud, sobre todo si su responsabilidad deriva del hecho de haber sido jefe de Estado de un país", puntualizó el legislador.

La crisis del régimen de Fujimori se precipitó el 14 de septiembre del año pasado, cuando se difundió un video en que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos aparece sobornando a un congresista opositor para que se pasara a las filas del oficialismo.