El presidente de la Comisión de Salud del Congreso, el legislador Julio Velarde, informó que ha designado un subgrupo de trabajo para que investigue las 110 mil denuncias recibidas hasta el momento, y que se espera se incrementen debido a que las personas afectadas han perdido el temor de acudir a las autoridades y denunciar los hechos.

El tema de las esterilizaciones forzadas originó una fuerte polémica en 1997, entre las autoridades gubernamentales, la oposición, la Iglesia, activistas de derechos humanos, y grupos feministas, luego que se conocieron denuncias de que el gobierno coercionaba u ofrecía regalos a las mujeres pobres para que acepten ser esterilizadas.

Pero el gobierno desestimó las denuncias y nunca se realizó una real investigación.

Velarde sostuvo que existen indicios suficientes para reabrir el caso, puesto que existe un informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de la realización de 300 mil esterilizaciones forzadas entre 1996 y 2000, durante el segundo gobierno de Fujimori.

El legislador Héctor Chávez, uno de los miembros de la subcomisión que investigará el tema, dijo el miércoles que el programa de esterilizaciones "ha sido un perjuicio grande para el país".

"Vamos a tener que viajar por todo el país, recoger la información en los lugares donde se han efectuado con mayor incidencia estos lamentables procesos en los que hay una responsabilidad grande del poder político", dijo Chávez en entrevista con una emisora.

El ministro de Salud, Luis Solari, dijo recientemente que su despacho había encontrado un documento con inscripciones manuscritas pertenecientes a Fujimori que demostraba que éste estuvo involucrado directamente en las prácticas de esterilización.

Fujimori actualmente vive en Japón, amparado en su recientemente adquirida nacionalidad japonesa, mientras afronta aquí varias investigaciones por presuntos delitos en el ejercicio de su cargo, como enriquecimiento ilícito y violaciones a los derechos humanos.

Las denuncias de esterilizaciones señalaban que las autoridades imponían al personal de salud de poblaciones rurales determinadas metas sobre número de esterilizaciones a realizar.