TOKIO, Japón, sep. 6, 2001.- Japón reiteró este jueves que no tiene planes de extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori para que comparezca ante la justicia peruana a raíz de una nueva denuncia por homicidio que hizo la fiscalía de la nación sudamericana.

La acusación de delitos de lesa humanidad que la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, hizo ayer ante la Corte Suprema de Perú contra el ex presidente no cambia la postura de Japón, contraria a la extradición, afirmó este jueves el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi.

"Debemos seguir la legislación japonesa. Quiero tomar una decisión después de haber estudiado bien el caso", dijo el jefe del Ejecutivo a la televisión pública NHK con respecto a la delicada situación que la nacionalidad japonesa de Fujimori, reconocida el año pasado, ha creado a su gobierno.

Por su parte, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se abstuvo de identificarse, dijo: "Actualmente, nuestra posición se mantiene invariable".

Fujimori, que tiene la nacionalidad japonesa, buscó refugio en Japón en noviembre tras el colapso de su gobierno de 10 años en medio de un creciente escándalo de corrupción.

Desde entonces, Japón ha mantenido su postura de negarse a enviarlo a Lima para que se enfrente a la justicia en una serie de acusaciones hechas por el gobierno peruano. Japón no tiene un tratado de extradición con el Perú y no acostumbra a extraditar a sus ciudadanos bajo tales circunstancias.

La fiscalía de la nación peruana presentó ayer una demanda por homicidio contra Fujimori con relación a dos matanzas apoyadas por el gobierno a principios de la década del 90.

La fiscalía afirma que Fujimori fue "coautor" de las dos matanzas y que "conocía en detalle las operaciones" de un escuadrón paramilitar conocido como Grupo Colina.

Al Grupo Colina se le acusa de acribillar a 15 personas en 1991 durante una redada en un solar de la zona antigua de Lima. Algunos de los miembros del grupo paramilitar están acusados del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta en 1992.

La fiscalía acusa a Fujimori, asimismo, del asesinato de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto, cuyo cuerpo decapitado y descuartizado fue encontrado en marzo de 1997.

El Congreso allanó el camino para la presentación de cargos el 27 de agosto, al retirarle la inmunidad constitucional a Fujimori.

Las acusaciones de homicidios y desapariciones forzadas, que las autoridades peruanas señalan como crímenes de lesa humanidad, son los cargos más graves en contra de Fujimori, quien ha dicho que planea quedarse indefinidamente en Japón.

Fujimori también enfrenta cargos por abandono de funciones y negligencia, los cuales conllevan una pena máxima de dos años de prisión. El ex mandatario niega las acusaciones en su contra y dice ser sujeto de una "vulgar persecución política".

Las autoridades peruanas esperan que las nuevas acusaciones de crímenes contra la humanidad ayudarán a convencer a Japón para extraditar a Fujimori, juzgarlo en una corte japonesa o enviarlo ante un tribunal internacional, como el de La Haya, Holanda.