Théoneste Bagosora, de 61 años, antiguo director del ministerio de Defensa; Anatole Nsengiyumva, de 52, ex jefe militar en el distrito de Gisenyi; Aloys Ntabakuze, de 48, que comandaba un batallón del Ejército, y Gratien Kabiligi, de 51, quien era integrante del Estado Mayor de esa fuerza, son los inculpados.

Los cargos leídos por la Fiscalía en el inicio de la vista fueron genocidio con el agravante de conspiración y complicidad para cometerlo, crímenes contra la Humanidad por asesinatos, exterminación y violaciones.

La fiscal del TPIR, Carla del Ponte, subrayó en su exposición inicial que el proceso concierne "a algunos de los más altos responsables militares en Ruanda, oficiales de elevado rango muy respetados antes y durante el genocidio y que fueron particularmente activos en la preparación y ejecución de los crímenes".

Bagosora era el segundo mando en el ministerio de Defensa y la persona que asumió "de facto" la dirección de los asuntos militares y políticos en Ruanda después de que la muerte del presidente hutu Juvenal Habyarimana -fallecido cuando su avión fue derribado el 6 de abril de 1994- desencadenara el genocidio.

Según la acusación, los cuatro hombres formaban parte de un grupo que desde tres años antes de ese incidente había estado planeando el exterminio de la minoría tutsi ruandesa para impedir que retomara el poder político de los mayoritarios hutus.

La población de Ruanda, calculada en casi nueve millones de habitantes, está compuesta por un 85 por ciento de hutus y un 15 por ciento de tutsis, que históricamente han dominado, sin embargo, la economía, el gobierno y las fuerzas armadas.

"Ya en 1991 se creó una comisión, a la que pertenecían tres de los cuatro inculpados, encargada de preparar un informe secreto sobre 'cómo derrotar al enemigo'", afirmó el jefe del equipo fiscal, Chile Eboe-Osuji.

El informe definía a ese enemigo como "los tutis de dentro y fuera del país, nostálgicos de poder, que quieren reconquistarlo por todos los medios, incluido el recurso de las armas".

Los acusados, dijo Eboe-Osuji, participaron asimismo "en la identificación y localización de tutsis, en el entrenamiento de milicias capaces de matar 1.000 personas en veinte minutos y permitieron ataques contra esa etnia antes del 6 de abril, lo que creó antecedentes para las posteriores matanzas".

Añadió que desde esa fecha y hasta julio de 1994, "organizaron las masacres de tutsis en los lugares donde éstos buscaban refugio y organizaron represalias contra quienes no se sumaban a los ataques".

El genocidio de Ruanda dejó un saldo de un millón de muertos, en su mayoría tutsis y miembros moderados de la etnia hutu, que fueron masacrados, principalmente con machetes y otras armas blancas, por extremistas hutus y miembros de las Fuerzas Armadas Ruandesas.

Ninguno de los acusados, que se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan, compareció ante el tribunal, que funciona en Arusha, en el norte de Tanzania.

Según los abogados defensores los derechos de sus clientes están siendo conculcados, ya que "documentos vitales para preparar la defensa" no ha llegado traducidos al francés, lengua de los acusados, en el plazo establecido por el reglamento del TPIR.

El juez actuante, Lloyd Williams, puntualizó que el reglamento del tribunal permite juzgar a los imputados sin que éstos estén presentes en las sesiones y rechazó una petición de la defensa para posponer la vista debido a la falta de los mencionados documentos. Se prevé que el llamado "juicio de los militares" puede durar dos años, ya que la Fiscalía intenta tomar declaración a 252 testigos.