Los embajadores de Cuba en varios países expusieron ante diversas autoridades los motivos que llevaron al gobierno de Castro a condenar a penas de hasta 28 años de cárcel a 75 disidentes y a ejecutar a tres secuestradores de una lancha tras someterlos a juicios sumarios la semana pasada.

Esas medidas provocaron una ola de protestas internacionales, que incluyeron a personalidades y partidos de izquierda que hasta ahora apoyaban al gobierno comunista de Castro.

Esta coyuntura será tomada en cuenta por los representantes de las 53 naciones que componen la Comisión de DDHH de la ONU, al evaluar mañana miércoles la situación de los derechos ciudadanos en Cuba por decimocuarto año consecutivo.

Castro, de 76 años y 44 de ellos en el poder, alegó que su país es víctima de una "batalla de provocaciones que podría llevar a un conflicto" con Estados Unidos, a cuyo gobierno acusó de ser el promotor de las actividades de la oposición interna, que operaba en forma ilegal pero tolerada hasta mediados de marzo pasado.

"Vamos a ver cómo termina esta batalla", dijo el mandatario en tono desafiante tras advertir a Washington que "durante 44 años se han equivocado siempre" con su política de agresión hacia Cuba.

Diplomáticos acreditados en La Habana, más allá de discrepar o no con la conducción del líder cubano, reconocieron que Castro es uno de los políticos de mayor experiencia en el mundo y que en ningún caso las drásticas medidas adoptadas por su gobierno son fruto de la exaltación o la pasión.

"Estoy seguro de que Fidel Castro midió el alto costo político que le demandaría a corto plazo la detención masiva de disidentes y el fusilamiento de los secuestradores y, aún así, decidió actuar", dijo uno de ellos, que se expresó a condición de resguardar su identidad.

"Habrá que esperar un tiempo para contar con más elementos de juicio y sacar conclusiones válidas" sobre estos episodios, añadió.

Por su lado, el canciller cubano Felipe Pérez Roque minimizó en una rueda de prensa el impacto político de una eventual condena y defendió "las acciones que en legítima defensa hemos tenido que emplear" para "resguardar la soberanía e independencia" de la isla.

La resolución sobre Cuba a estudio de la Comisión pide a La Habana que reciba y coopere con una representante del Alto Comisionado de DDHH de la ONU, que sería enviada para monitorear la situación en el país.

Como en años anteriores, Cuba ya se pronunció en contra de esa iniciativa y adelantó que no aceptaría injerencias externas.

Los diplomáticos consultados coincidieron en que las detenciones de disidentes y el fusilamiento sumario de los tres secuestradores han dejado más secuelas en el exterior que en la isla, donde se mantiene el mutismo oficial ante la ola de pronunciamientos condenatorios.

WASHINGTON ABOGA POR CONDENAR A CUBA

En Washington, el secretario de Estado Colin Powell abogó porque la ONU condene a Cuba.

"Una vez más, (Castro) nos ha demostrado vívidamente la naturaleza de su régimen y espero que todas las naciones de la región, así como esas naciones que estarán participando en Ginebra en la reunión de Comisión de Derechos Humanos cuando se realice la votación apropiada, lo noten bien", añadió.

LAS REACCIONES EN EL MUNDO

En España, la situación en Cuba llevó a un enfrentamiento verbal entre gobierno y oposición y el relanzamiento de un revisionismo histórico acerca de las posiciones asumidas por ambas partes durante la pasada dictadura franquista.

Argentina anunció que se abstendrá de votar una condena a Cyuuba y dijo que esa decisión fue tomada en acuerdo con Brasil.

"Argentina no va a condenar a Cuba, un pequeño país bloqueado", dijo el presidente Eduardo Duhalde.

Consideró "inoportuno este tratamiento (de la situación de los derechos humanos en Cuba) en momentos en que el mundo se debate por una guerra unilateral, en la que se avanza sobre otros países, violatoria de los derechos humanos".

En Brasil, un grupo de parlamentarios le reclamó al presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, amigo personal de Castro, que emita un pronunciamiento oficial sobre Cuba.

En México se generó un debate político intenso entre el gobernante Partido Acción Nacional (PAN, conservador) y el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente Vicente Fox enfrenta severas presiones para que su país no se pronuncie contra Cuba en la Comisión de DDHH de la ONU, como lo exigen legisladores oficialistas, o acceder a las peticiones del PRI de mantener la tradicional posición mexicana de "no intervención" en asuntos internos de otros países.

La situación en el resto de América Latina tampoco es fácil para otros gobiernos, que temen que una censura a Cuba en Ginebra sea vista como un alineamiento de facto con Estados Unidos, en momentos en que una gran mayoría de sus ciudadanías manifestaron descontento con la política de Washington en Irak.