En lugar de reclamar una posición más dura que condene explícitamente la represión de los disidentes, con pocas chances de ser aceptada, altos funcionarios estadounidenses defendieron en una audiencia legislativa el proyecto de resolución original presentado por los tres países latinoamericanos.

Este pide a La Habana aceptar la visita de Christine Chanet, representante personal del Alto comisionado de derechos humanos de la ONU, pero no menciona el arresto y condena de hasta 28 años de cárcel dictados recientemente contra 75 disidentes.

"Hemos trabajado duro para reforzarla, pero hay una fuerte resistencia a cambiar la redacción. Si bien la resolución puede no tener el lenguaje que esperábamos lograr, es de todos modos una bofetada en la cara para (Fidel) Castro y para su régimen de parte de sus propios vecinos", explicó el secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales, Kim Holmes.

"Esperamos que la comunidad internacional condene una vez más la situación de derechos humanos en Cuba adoptando una resolución en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU este año, llamando nuevamente al gobierno de Cuba a aceptar una visita de la representante personal del Alto Comisionado" a la isla, indicó Curt Struble, secretario de Estado adjunto interino para América Latina.

Una enmienda posterior de Costa Rica pide por otra parte condenar la represión y liberar a los opositores, mientras dos enmiendas presentadas por Cuba reclaman el fin del embargo impuesto por Estados Unidos y evaluar sus efectos.