TEXAS, Estados Unidos, abr. 17, 2003 Estados Unidos considera adoptar nuevas
medidas para reforzar su dura política hacia La Habana, en respuesta a la
reciente represión de disidentes, indicó este jueves la Casa Blanca.
"Los esfuerzos de Cuba para silenciar las voces de la oposición sólo tornan el objetivo de nuestra política, alentar una rápida y pacífica transición hacia la democracia, más relevante y más urgente", dijo la portavoz de la Casa Blanca Claire Buchan, en Crawford, Texas, donde se encuentra el presidente George W. Bush.
"Seguiremos trabajando con la sociedad civil cubana independiente y con los cubanos y estamos dispuestos a considerar pasos para hacer avanzar ese objetivo de nuestra política en este clima", añadió.
En una audiencia legislativa sobre Cuba realizada el miércoles, altos funcionarios estadounidenses dejaron en claro que el gobierno estudia cómo reforzar la política contra La Habana.
El secretario de Estado adjunto interino para Latinoamérica, Curt Struble, declinó
brindar datos específicos sobre las medidas que se tomarán, sin embargo, el diario The New York Times indicó el jueves que para castigar al régimen de Castro el gobierno considera la eventual suspensión del envío de remesas hacia la isla, estimadas en hasta mil millones de dólares anuales, y de los vuelos directos entre ambos países.
Según The New York Times, Bush hará pronto un anuncio público sobre la represión en Cuba, y advertirá que no tolerará una nueva crisis migratoria como las ocurridas en 1980 y 1994, cuando miles de cubanos llegaron a Estados Unidos.
URGE A VETAR A CUBA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA ONU
La Casa Blanca urgió el jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a vetar la participación de Cuba en su Comisión de Derechos Humanos (CDH), al afirmar que el gobierno de Fidel Castro "de manera consistente y a propósito" socava la misión de ese cuerpo.
La portavoz, Claire Buchan, también alabó en un comunicado a la Comisión de 53 miembros por adoptar el jueves una resolución que expresa preocupación por lo que llamó "atroces violaciones de los derechos humanos" en Cuba contra su propio pueblo.
La resolución reitera el pedido hecho a La Habana en 2002 para que acepte el envío a la isla de la jurista francesa Christine Chanet, emisaria del Alto Comisionado de derechos humanos.