Los jefes de Estado y de gobierno de la UE respaldaron el proyecto de Sistema de Información sobre Visados (VIS) que la Comisión Europea debe presentar antes de fin de año y al que pretende dedicar la cantidad de 140 millones de euros (prácticamente la misma cantidad en dólares), que podría aumentarse, indicó el actual presidente de la UE, el primer ministro griego, Costas Simitis.

Este sistema unificaría e impediría la falsificación de los documentos de los ciudadanos de países terceros y también de los pasaportes de ciudadanos europeos, y a través de él los países de la UE compartirían información sobre los extranjeros a los que se concede visado.

Los Quince, que quieren implicar a los países de origen y tránsito de los sin papeles en el control de fronteras, acordaron "elaborar un mecanismo para evaluar las relaciones con los países terceros que no cooperen con la UE" al respecto con base en varios criterios, según el proyecto de conclusiones de la cumbre que adoptarán formalmente el viernes (mañana).

La UE tendrá en cuenta, aunque por el momento no dice cómo, a los países terceros que no participen en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y refugiados, que no readmitan a sus ciudadanos que entren ilegalmente en territorio europeo, que no controlen sus fronteras para "interceptar" a posibles emigrantes ilegales, que no luchen contra el tráfico de personas, no adapten su sistema de visados o no faciliten documentos a sus ciudadanos.

La Comisión Europea propone por su parte 250 millones de euros para los próximos cuatro años para prestar asistencia técnica a países terceros para que éstos aumenten sus capacidades de gestión de la migración.

Los dirigentes europeos también se comprometieron a estudiar cómo financiar programas conjuntos de devolución de inmigrantes a sus países y la gestión de las fronteras exteriores sin salirse del presupuesto plurianual europeo previsto para el período 2000-2006, y previendo un paquete especial para políticas de inmigración en el siguiente período presupuestario de 2007 a 2013.

Para controlar mejor las fronteras exteriores, la UE estudiará la posible creación de una "estructura operativa común", así como una financiación común para que no sean sólo los países con fronteras exteriores, los más afectados, los que tengan que gastar más fondos para ello.

Además quieren aprobar antes de fin de año una "red de responsables de inmigración" en los países terceros.

Los líderes europeos, que también son conscientes de la mala gestión de las demandas de asilo en la UE, no apoyaron sin embargo la propuesta del Reino Unido de crear "zonas de protección" en países vecinos a la UE desde las cuales gestionarían las solicitudes de asilo, según varias fuentes.

Hubo "intervenciones muy claramente en contra", indicó la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, por lo que los europeos se limitarán a comprometerse a "garantizar la entrada de personas que necesiten protección internacional de manera más ordenada y mejor gestionada" y a "examinar cómo las regiones de origen y los países de primer asilo podrían garantizar mejor la protección de estas personas".

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) critica este proyecto por considerar que sólo sirve "a corto plazo y no respeta suficientemente las normas internacionales de derechos humanos y refugiados", según un comunicado.