WASHINGTON, Estados Unidos, oct. 1, 2003.- El sacrificio de muchas libertades civiles en nombre de más seguridad que experimenta Estados Unidos tras los atentados terroristas ocurridos hace dos años es "extremadamente peligroso" y "da la razón al enemigo", estimó el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

"El 11 de setiembre produjo un trauma en Estados Unidos e inmediatamente ocurrió una reacción, bastante natural, que conocemos muy bien en América Latina: para ser más efectivos contra el terrorismo debemos restringir algunas libertades", dijo Vargas Llosa el martes de noche en el Instituto Cato, un centro de análisis liberal de Washington.

"Este es un gran error; un gran, gran error. Conocemos este tipo de razonamiento porque en Latinoamérica la 'eficacia' ha sido utilizada una y otra vez para justificar no sólo la restricción sino la abolición de las libertades civiles y privadas", añadió, al presentar por primera vez en este país su Fundación Internacional para la Libertad.

Sin embargo, sostuvo Vargas Llosa, "la libertad es la mejor herramienta que tenemos para luchar no sólo contra el terrorismo sino contra todas las agresiones y conspiraciones contra la libertad".

"Si para ser más efectivos (en la lucha antiterrorista) reducimos o abolimos la libertad, estamos dando la razón a los terroristas, al enemigo, estamos aceptando que las reglas del juego no son las reglas de la ley, sino las reglas de la eficacia, del poder", señaló.

"Y esto es extremadamente peligroso", acotó.

"Esto puede producir una dinámica en la cual la eficacia puede ser utilizada como pretexto para restringir o abolir lo que es realmente la 'raison d'etre' de una sociedad libre", advirtió el intelectual.

DECENAS DE DENUNCIAS

Decenas de grupos de derechos humanos denuncian la pérdida de libertades civiles en Estados Unidos tras los atentados que dejaron unos 3 mil muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania.

La "ley patriótica", promovida por el fiscal general (ministro de Justicia) John Ashcroft, aprobada apenas 45 días después de los atentados, expandió la vigilancia federal de los residentes en Estados Unidos (por ejemplo sin necesidad de órdenes judiciales ni aviso posterior para acceder a sus mensajes electrónicos, historias médicas y libros que sacan de las bibliotecas) y los poderes policiales.

En los primeros 15 meses tras los atentados, cerca de 3 mil sospechosos de ser miembros o simpatizantes de la red extremista islámica Al Qaeda de Osama bin Laden fueron detenidos en todo el mundo, muchos de ellos como prisioneros de guerra, sin posibilidad de defensa legal y sin siquiera ser identificados.

En Estados Unidos, más de mil personas fueron arrestadas y detenidas, la mayoría musulmanes. En su mayoría fueron liberados y expulsados del país.

En agosto del año pasado, la organización Human Rights Watch difundió un informe que tras los atentados documentó en Estados Unidos casos de detención prolongada sin que se hayan presentado acusaciones, de rechazo a la libertad bajo fianza, interferencia con el derecho a tener un abogado y condiciones indebidas de encarcelamiento.

Amnistía Internacional, por su lado, fustigó la "brutalidad policial, muertes en detención y malos tratos en establecimientos penitenciarios" de los extranjeros detenidos tras el 11 de setiembre de 2001.

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