Además, el dirigente Roberto De la Cruz informó a través de la agencia de noticias Jatha que la organización ha determinado "pedir justicia para los héroes" de las manifestaciones de octubre.

Desde los levantamientos por el anuncio del gobierno de Sánchez de Lozada de la venta de gas boliviano a Estados Unidos por un puerto chileno, que dejaron 80 muertos y casi 400 heridos, De la Cruz es uno de los principales líderes del sector indigenista en la política boliviana.

En ese sentido, dijo que llegó a un acuerdo con los familiares de las víctimas y heridos para exigir de manera conjunta "el resarcimiento de los daños". Tras una evaluación de los hechos violentos, la COR determinó "apoyar las movilizaciones de los familiares de las víctimas", añadió De la Cruz.

En un intento de calmar la situación, el 17 de octubre, cuando asumió, Mesa anunció que atendería las demandas de los sectores. No obstante, algunos de los grupos indígenas y sindicales que protagonizaron las protestas de octubre han amenazado con nuevas movilizaciones si no se cumple su catálogo de demandas.

Ante las versiones, Mesa admitió que "no es posible dar respuestas satisfactorias en los tiempos y montos" que demandan varios sectores, y advirtió que una radicalización de las exigencias puede llevar al país a un "punto sin salida".

Esos sectores, entre otras cosas, exigen la abrogación de la Ley de Hidrocarburos, la industrialización del gas y la convocatoria inmediata de la Asamblea Constituyente.

En el marco de la XIII Cumbre Iberoamericana y del paralelo Encuentro Social Alternativo celebrados en Santa Cruz hace diez días, De la Cruz amenazó con una "rebelión popular de dimensiones mayores a las de octubre".