SANTIAGO, Chile, dic. 23, 2003.- Un juez chileno acogió este martes una nueva petición de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet como paso previo a su eventual procesamiento como gestor de secuestros en la llamada Operación Cóndor, informaron fuentes judiciales. Pese a la determinación del magistrado especial Juan Guzmán, respecto de acoger a trámite la petición de desafuero de Pinochet, quien tiene fuero por ser ex presidente, la determinación final la tendrá en los próximos días la Corte de Apelaciones de Santiago.
Guzmán admitió la solicitud presentada por el abogado Eduardo Contreras, donde se plantea que el ex dictador (1973-1990) no sufre de demencia senil, como asegura el fallo de la Corte Suprema que lo liberó en 2002 de ser juzgado por el caso Caravana de la Muerte.
Pinochet fue sometido a exámenes médicos que determinaron la existencia de una enfermedad mental que le impide ejercer sus derechos procesales, razón por la cual, fue sobreseida la causa en su contra por su responsabilidad en los crímenes de 76 personas.
Contreras entregará a los tribunales, como parte de las pruebas, un video con la entrevista que Pinochet concedió el pasado 24 de noviembre a un canal de televisión estadounidense y donde no demuestra estar con una enfermedad mental que le impida enfrentar a la justicia.
La Operación Cóndor fue una instancia de coordinación de los servicios de inteligencia y represión de los opositores políticos de las dictaduras de América del Sur, en especial de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, que operó en 1975 y 1976.
El abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez Grez, señaló este martes, tras conocer la decisión del juez Guzmán que, si bien Pinochet no está demente ni loco, no está en condiciones de enfrentar un proceso judicial.
"Nosotros sabemos positivamente que lo que se busca aquí es mantener permanentemente latente (la posibilidad de un juicio), no obstante, que se trata de una persona que está enferma, en muy delicado estado de salud", declaró el abogado a periodistas.
Rodríguez, ex jefe de la desaparecida organización ultraderechista "Patria y Libertad", acotó que Pinochet "no está en condiciones de enfrentar, como lo ha dicho reiteradamente la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, un proceso judicial".
En la entrevista que Pinochet concedió al canal de televisión estadounidense el mes pasado, el ex dictador señaló que no tenía de qué pedir disculpas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a las cuales calificó como "excesos" de sus subalternos.
Guzmán dictó la víspera tres procesamientos contra de la cúpula de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represor de Pinochet, por los secuestros calificados de chilenos en tres países sudamericanos en el marco de la Operación Cóndor.
El magistrado dictó encargatoria de reo contra el general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, que estuvo preso siete años en esta capital por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Estados Unidos en 1976.
También enjuició a los brigadieres de Ejército en retiro Pedro Espinoza Bravo y Christopher Willike por su responsabilidad en los secuestros de los opositores a la dictadura de Pinochet en los primeros años del régimen militar.
Los tres ex oficiales fueron enjuiciados como autores de las detenciones y desapariciones de nueve chilenos, entre ellos, Edgardo Enríquez Espinoza, hermano de Miguel Enríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Guzmán estableció que la DINA organizó y coordinó, junto a los servicios de seguridad de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, la eliminación de opositores políticos que se encontraban en la clandestinidad en esos países.