Mientras, demócratas y republicanos compiten por sumar puntos políticos entre los votantes hispanos, de cara a los comicios de noviembre próximo. P> La bancada demócrata de la Cámara de Representantes, que incluye a 22 legisladores hispanos, tachó el plan de maniobra electoral y de ser una versión moderna del programa de "braceros" de los años 40 en la que los indocumentados serán tratados como "desechables".

Vaticinaron que los indocumentados no se inscribirán para no quedar "fichados" y eventualmente deportados.

Por su parte, el senador demócrata y aspirante presidencial John Edwards dijo que "la reforma migratoria más correcta es la que asegure que los inmigrantes que trabajan fuerte, pagan impuestos y cumplen con las reglas tengan una oportunidad" de legalización permanente y no temporal -de tres años- como propone Bush.

Además de tratar de afianzar el voto hispano, el plan del presidente busca responder a las necesidades del mercado laboral, al emparejar a los trabajadores con empresas dispuestas a emplearlos, siempre que no haya estadounidenses disponibles para esos puestos.

Analistas consultados indicaron que aunque ven con recelo la propuesta, Bush al menos reconoce las contribuciones de los inmigrantes al crecimiento del país y que el sistema actual no funciona.

"Es histórico tener a un presidente hablando de los indocumentados de forma tan positiva, pero esas palabras tienen que traducirse en hechos" en el Congreso, dijo Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración (NIF).

El NIF, además de otros grupos pro-inmigrantes, esperaba un programa más "generoso" para la reunificación familiar, la legalización de indocumentados, protecciones contra la explotación laboral y "un camino hacia la ciudadanía" estadounidense.

Por ello, estos grupos reiteraron las quejas demócratas de que el plan se queda corto, porque convertiría a los indocumentados en ciudadanos de segunda clase.

El presidente del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Raúl Yzaguirre, dijo sentirse "extremadamente decepcionado" porque el plan, en el fondo, "es una promesa hueca y, en el peor de los casos un ardid político".

"Hemos sido claros con miembros de los dos partidos: queremos reformas de amplio alcance, no gestos de cara a la galería" después de más de dos años de silencio, dijo Yzaguirre.

Parte del miedo es que esto sea sólo una correa de transmisión para deportar a los indocumentados una vez que venzan los tres años del programa, y "si así resulta, entonces lo verán como una trampa y no se registrarán en el programa", advirtió Jean Butterfield, de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA).

Las críticas también abundan en el ala conservadora del partido republicano, que considera que los indocumentados amenazan la seguridad nacional y que EU necesita más controles fronterizos.

El grupo "US English" dijo que el plan es un "insulto" a los inmigrantes legales y una "burla" de las leyes migratorias, por lo que el Congreso debe rechazarlo.

El congresista republicano Tom Tancredo advirtió que es "peligroso" premiar con un mecanismo legal, aunque temporal, a quienes violan las leyes.

Sin contar a los procedentes de México, más de 37 mil indocumentados fueron detenidos en 2002 y, de éstos, más de 7,500 vinieron de países que albergan a terroristas, según Tancredo.

No obstante, la mayoría de los legisladores republicanos, entre ellos los tres latinos de Florida, respaldaron hoy el plan, además de grupos hispanos como LULAC, la Coalición Latina y la Asociación para el Avance de los México-estadounidenses.

Todos esos grupos apoyaron a Bush en el caso de Miguel Estrada, quien no logró la confirmación del Senado como juez federal.