LA PAZ, Bolivia, ene. 22, 2004.- El ex ministro de gobierno (Interior) Yerko Kukoc quedó detenido el jueves por acción del Ministerio Público, tras declarar por más de cuatro horas sobre la supuesta apropiación de recursos del estado. Kukoc está acusado de apoderarse de unos 250 mil dólares correspondientes a una partida de fondos reservados, asignados inicialmente para reprimir la revuelta popular de octubre, que obligó a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El abogado de Kukoc, Carlos Subirana, dijo que él permanecerá arrestado en celdas de la policía hasta el jueves, cuando un juez cautelar debe determinar si la detención queda en firme.
El ex ministro permaneció refugiado desde el 31 de diciembre, cuando la fiscalía libró una orden de aprehensión en su contra, hasta el jueves, cuando se presentó a declarar ante la policía.
Kukoc también figura, como el resto de los ministros de Sánchez de Lozada, en el requerimiento del fiscal general de la Nación, Oscar Crespo, para iniciar un juicio de responsabilidades por "masacre sangrienta" contra el ex presidente y sus colaboradores.
Ambas causas son distintas Kukoc ha declarado a la prensa que en el caso de los dineros cuyo intento de aprobación se le atribuye no tiene relación Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos desde su renuncia, el 17 de octubre.
En la revuelta que lo obligó a a dejar el cargo, y que estuvo motivada por el rechazo de sectores populares a la exportación de gas a Norteamérica, murieron al menos 56 personas.
Kukoc sostiene, en su defensa, que no tenía el propósito de quedarse con ese dinero, que fue encontrado en la casa de uno de sus amigos de la infancia el 9 de diciembre, sino que planeaba devolverlo a la Contraloría General de la República.
Sostuvo que intentó hacerlo desde el 5 de diciembre, varios días después de retornar de Estados Unidos, a donde llegó acompañando a Sánchez de Lozada, pero que su intento no mereció una respuesta de los organismos oficiales "porque es plata que quema".
El dinero formaba parte de los fondos reservados que fueron extraídos del Banco Central de Bolivia durante la convulsión de octubre, que debían ser destinados en su totalidad a costear las operaciones policiales y del ejército para frenar las protestas.