Garzón, quien vino a Lima a participar en un foro invitado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consideró "complicado" el caso de Fujimori, quien se ampara en su nacionalidad japonesa para evadir a la justicia peruana.

Sin embargo, dijo que su doble nacionalidad no debe ser obstáculo para obtener su extradición, "porque no estamos hablando de una doble nacionalidad obtenida como persona particular... sino como presidente de una república independiente y que aparentemente habría cometido delitos de máxima gravedad en el ejercicio de ese cargo".

Garzón se hizo conocido internacionalmente por haber logrado hacer comparecer ante la justicia al ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, acusado del asesinato y desaparición de miles de personas durante su régimen.

En julio pasado Perú pidió a Japón la extradición de Fujimori, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por paramilitares durante su gobierno, y en las que fueron asesinadas 25 personas.

Sin embargo, Perú no ha recibido respuesta.

Voceros del gobierno nipón han descartado extraoficialmente la extradición, alegando que sus leyes impiden extraditar a ciudadanos japoneses.

Garzón dijo que esos argumentos deberían ceder ante el hecho de que Fujimori ejerció por más de 50 años su nacionalidad peruana y como peruano desempeñó el cargo más alto del país.

"Si eso no es así... no solamente es conveniente sino que es necesario que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre si un país arbitrariamente y haciendo una utilización nada jurídica de lo que es el instituto de la nacionalidad, pueda traducirse en una impunidad de una persona que ocupó la máxima magistratura de una nación", señaló.

Autoridades peruanas han mencionado anteriormente dicha alternativa como último recurso para obtener la deportación de Fujimori.

Actualmente, el ex presidente es encausado en Perú por más de una decena de delitos, entre los que están enriquecimiento ilícito, violaciones a los derechos humanos, peculado, asociación ilícita para delinquir, entre otros.

El ex mandatario rechaza dichas imputaciones asegurando ser inocente y víctima de una persecución política.

Recientemente, el gobierno peruano envió a Japón una misión técnico-jurídica para sustentar ante autoridades japonesas los argumentos peruanos en favor de la extradición del ex gobernante, pero el procurador Ronald Gamarra informó que no se obtuvieron resultados positivos.