PUERTO PRÍNCIPE, Haití, feb. 25, 2004.- Los extranjeros trataban de escapar de Haití, algunos protegidos por infantes de marina estadounidenses y otros por sí mismos, al tiempo que los saqueos se generalizaban en la capital. El canciller francés Dominique de Villepin instó a la creación "inmediata" de una fuerza civil internacional para restablecer el orden en Haití, donde los rebeldes que han ocupado la mitad del país amenazan con atacar Puerto Príncipe.
La declaración se produjo poco después de que el presidente estadounidense George W. Bush dijo que su gobierno instaba a la comunidad internacional a proporcionar una "fuerza de seguridad" sólida en Haití, mientras los Estados Unidos y sus aliados continuaban buscando una solución política.
El aparente consenso para enviar fuerzas de pacificación pareció formarse poco después de que la coalición opositora anunció su rechazo de un plan auspiciado por varios países que contemplaba la permanencia del presidente Jean Bertrand Aristide en el gobierno con facultades reducidas.
Aristide había aceptado la propuesta el sábado, pero la oposición dijo que "es absolutamente necesario que la comunidad internacional acompañe al país en su búsqueda de un mecanismo que permita la salida oportuna y pacífica" de Aristide.
La declaración emitida por De Villepin condena a Aristide por la crisis y da a entender que debe renunciar.
"Por lo que atañe al presidente Aristide, él tiene una grave responsabilidad por la actual situación", dijo el canciller. "A él le corresponde sacar las conclusiones dentro del parámetro de la ley. Es su decisión, es su responsabilidad".
Entretanto, en Puerto Príncipe militantes leales al presidente colocaron docenas de barricadas llameantes en muchas carreteras de la ciudad y en las que conducían al aeropuerto, presuntamente para impedir el paso de los rebeldes que se levantaron contra Aristide el 5 de febrero y ahora controlan la mitad del país.
Pero grupos de militantes comenzaron a robar y saquear a los que se acercaban a las barricadas, utilizando pistolas y piedras para obligar a los automóviles a detenerse y luego registrarlos agitadamente. Al concluir el registro, muchos salían del automóvil portando carteras de mano, valijas y teléfonos móviles.
Las patrullas policiales no hicieron nada por detener el caos.
Un norteamericano abandonó su vehículo en una barricada y salió a pie rumbo al aeropuerto, llevando una valija en una mano.
La infantería de marina de Estados Unidos se aprestaba a escoltar al personal no esencial de las Naciones Unidas que debía ser evacuado según las órdenes de la ONU, dijo una portavoz del organismo.
"La situación es mala y se pone peor", dijo Francoise Gruloos-Ackermans, coordinadora de UNICEF para Haití.
Se dijo que la embajada española en la República Dominicana había alquilado un avión para evacuar a los ciudadanos españoles de Haití, dijo en Santo Domingo la portavoz de la embajada española Patricia Corrales.
Con un movimiento rebelde que domina ya la mitad del país, encabezado en parte por haitíanos acusados de violaciones a los derechos humanos, el estancamiento en las negociaciones causó alarma en la comunidad internacional.
El embajador de Francia ante Naciones Unidas, Jean Marc de La Sabliere, dijo que los diplomáticos consideraban proponer ante el Consejo de Seguridad la creación de "una fuerza policial o civil" para ser enviada a Haití.
Canadá confirmó que un contingente de sus fuerzas armadas voló el martes a Puerto Príncipe para ayudar en caso de la eventual evacuación de un millar de ciudadanos canadienses de Haití, dijo en Ottawa el vocero de la cancillería, Reynald Doiron.
Los gobiernos de Gran Bretaña y Australia instaron a sus ciudadanos a salir de Haití, tras advertencias similares de Estados Unidos, Francia y México. En el país residen unos 30 mil ciudadanos extranjeros, entre ellos 20 mil estadounidenses.
Gestiones de último minuto del Secretario norteamericano de Estado, Colin Powell, para salvar el plan de paz no lograron éxito porque la Plataforma Democrática dijo que Aristide -que ha perdido gran parte del apoyo popular- debe abandonar la presidencia.
Los rebeldes acusan a Aristide de haber permitido la corrupción, de no haber ayudado a los pobres y de haber suprimido la oposición por medios brutales.
El plan de Estados Unidos habría mantenido a Aristide como presidente, pero con facultades reducidas, y le habría obligado a compartir el gobierno con sus rivales políticos.
Dirigentes de la oposición dijeron que habían notificado a Powell su rechazo al plan, junto con la propuesta de instalar a un magistrado de la Corte Suprema como presidente interino y nombrar a un nuevo primer ministro, además de garantizar la "salida pacífica" de Aristide.
"No habrá más retrasos. Nuestra respuesta es la misma", dijo Maurice Lafortune, presidente de la Cámara de Comercio que forma parte de la Plataforma Democrática. "Aristide debe renunciar", agregó.
