Así lo expresaron en una rueda de prensa organizada por el Centro para los Derechos Constitucionales y la Comisión de los Derechos Humanos en Guantánamo, en la que denunciaron el hecho de que dos años después de ser detenidos no se han presentado cargos contra la mayoría de los prisioneros.

Unos 660 detenidos procedentes de 44 países permanecen en Guantánamo desde enero de 2002, y pese a interrogatorios regulares con los servicios secretos de Estados Unidos, no se les ha imputado cargo alguno, y tampoco tienen acceso a un abogado y a visitas de sus familiares.

El presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, Michael Ratner, manifestó que "el hecho que el gobierno de George W. Bush no proporcione esta protección legal a los detenidos levanta serias dudas sobre el compromiso a su Constitución y al Derecho Internacional".

Agregó que "si Estados Unidos tiene evidencias sobre los detenidos, ¿qué miedo tienen para imputarle cargos y ser juzgados?".

Indicó que hay un uso arbitrario del poder, ya que los presos procedentes de países con buenas relaciones con Estados Unidos han sido liberados.

Por su parte, uno de los fundadores de la Comisión de los Derechos Humanos en Guantánamo, Corin Redgrave -hermano de la actriz británica Vanessa Redgrave- denunció que la mayoría de los presos han sido detenidos fuera de la zona de combate en países como Argelia, Gambia, Bosnia y Pakistán, algo que siempre ha negado Washington.

"Es una guerra sin final y sin fronteras. Es una pesadilla y una desgracia para la historia dejar que suceda esto. Todos los detenidos deberían ser repatriados y llevados ante la ley en sus propios países", indicó Redgrave.

También intervino Azmat Begg, el padre de uno de los detenidos, quien señaló que desde que su hijo fue arrestado en Islamabad no ha sabido nada más de él y que no ha recibido ninguna carta.

Los abogados de las familias de los detenidos coincidieron en decir que las condiciones de los detenidos en Guantánamo son "inadmisibles", así como que los informes de las organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos humanos denuncian que el trato que reciben se acerca a la tortura física y psicológica.

Además culparon a los gobiernos europeos de no presionar a Estados Unidos durante estos dos años y medio en que los detenidos han vivido un limbo jurídico.

"Una de las razones del gobierno francés es que no quería ponerse mal con Estados Unidos y otra es que los ciudadanos franceses proceden de ex colonias del Magreb y son considerados de segunda clase", indicó el abogado Jacques De Bray, como representante de la familia del francés de origen argelino Nizar Sassi, retenido en Guantánamo.

Al respecto, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se exige a las autoridades estadounidenses que den acceso inmediato a la Justicia para determinar "caso por caso" el estatuto de cada detenido, y que todos los acusados de crímenes de guerra tengan un juicio justo según las normas del Derecho internacional.

Los representantes de estas organizaciones en pro de los derechos humanos y los familiares de los detenidos, que acaban de visitar Washington para entrevistarse con legisladores, manifestaron que están haciendo todos los esfuerzos posibles "para acabar con este campo de prisioneros internacional gestionado por Estados Unidos".