Todo empezó en la noche del 6 de abril cuando el avión en que viajaban los presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y de Burundi, Ciprian Ntayamira, fue alcanzado por dos misiles en el momento en que iba a aterrizar en el aeropuerto ruandés de Kigali. Ambos mandatarios resultaron muertos.

Como consecuencia de ello, extremistas ruandeses de la etnia hutu, a la que pertenecía el presidente Habyarimana, empezaron a atacar a la población tutsi, inmersa en una guerra civil intermitente desde octubre de 1990.

La Radio Libre Mil Colinas, fundada por el hutu Barayagwiza, antiguo alto cargo de Exteriores, con su propaganda instigó a la población y desencadenó las matanzas.

En los tres meses siguientes, radicales de la milicia "Interahamwe" ("Los que matan juntos") y miembros del ejército asesinaron a unos 800 mil tutsis, aunque también cayeron hutus moderados.

Mujeres, niños y ancianos fueron masacrados a machetazos. Ruanda, con ocho millones de habitantes -el 85% hutu y el 15% tutsi-, se convirtió en una inmensa fosa común.

Entretanto, el grupo guerrillero Frente Patriótico Ruandés (FPR), integrado por tutsis refugiados en Uganda, aprovechó el caos para avanzar hacia la capital y lograr el poder en julio de 1994.

Tras la victoria del FPR, se formó un gobierno multiétnico encabezado por dos hutus moderados: el presidente Pasteur Bizimungu y el primer ministro Faustin Twagiramungu.

Sin embargo, ante la pasividad internacional, más de un millón de tutsis, que huían de las masacres y hutus que temían la venganza del FPR se refugiaron en Zaire, Tanzania y Burundi.

Hacinadas en improvisados campamentos, más de 40 mil personas murieron de cólera y disentería.

El gobierno de Ruanda solicitó a la ONU la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPIR) para juzgar a los responsables del genocidio y puso en marcha un Tribunal Supremo, integrado por jueces nacionales encargados de procesar a las más de 55 mil detenidos hasta entonces.

Cuando se constituyó el tribunal ruandés, el 17 de octubre de 1995, el presidente Bizimungu pidió que se distinguiera entre quienes planificaron y mandaron el genocidio, quienes propagaron el odio y quienes ejecutaron las órdenes, pues entre los detenidos hubo 197 menores de 15 años implicados en haber participado en el genocidio.

Hasta abril de 2001, 45 personas fueron detenidas por el TPIR, mientras que los tribunales ruandeses juzgaron a unos 2 mil 500 acusados.

Además de los dos procesos judiciales, desarrollados de forma paralela, uno a nivel internacional bajo el auspicio de la ONU y otro interno ruandés, algunos países europeos han hecho uso de su legislación interna para juzgar a los responsables, detenidos dentro de sus fronteras.

Así, en abril de 1999 un tribunal militar suizo pronunció por primera vez en Europa una sentencia contra un responsable del genocidio ruandés, a quien condenó a cadena perpetua.

En junio de 2001, otro tribunal belga condenó a cuatro ruandeses, dos de ellos monjas, a penas de entre 12 años de prisión y cadena perpetua, que en Bélgica es de 20 años de cárcel.

El TPIR ha emitido hasta ahora 12 veredictos de culpabilidad y una absolución, y mantiene aún detenidas a 56 personas.