BUENOS AIRES, Argentina, abr. 6, 2004.- A fin de poner freno a la ola delictiva que azota al país y que ha despertado la indignación de los argentinos, legisladores acordaron el martes sacar una serie de proyectos para modificar la vigente ley penal. Contar como delito la tenencia de armas, agravar las penas por robos cometidos con estas y limitar la libertad condicional son algunas de las iniciativas que quieren aplicar al nuevo código penal.
Si bien Buenos Aires se distinguía hasta hace unos años por su seguridad respecto al resto de las metrópolis de América Latina, la crisis social y económica trajo consigo una ola de delitos y violencia.
Para pararla, el Congreso busca dar una respuesta rápida al reclamo social. La semana pasada, unas 150 mil personas, en la mayor manifestación de los últimos 20 años, desfilaron el jueves por las calles de la capital, reclamando penas más severas para los delincuentes.
La demostración fue convocada por el empresario Juan Blumberg, cuyo hijo Axel, un estudiante de ingeniería de 23 años, fue secuestrado y asesinado la semana anterior. Los captores le dieron muerte pese a que el padre había aceptado pagar el rescate exigido.
Blumberg redactó un petitorio de siete puntos dirigido al Congreso, que ya fue firmado por decenas de miles de personas, pidiendo leyes más "duras" contra la delincuencia.
Los problemas comenzaron en Argentina a a fines de 1998, con la recesión económica y se agudizó con la crisis social de diciembre del 2001.
Según estudios privados, en la capital y el cordón urbano que la rodea se comete
Sin embargo, los especialistas coinciden en que no basta con endurecer las penas para resolver este flagelo.
El eminente penalista Eugenio Zaffaroni, recientemente incorporado a la Corte Suprema de Justicia, dijo compartir el dolor de Blumberg, pero advirtió que las reformas penales no deben realizarse bajo el impacto de la indignación colectiva causada por un crimen.
Portavoces del gobierno federal advierten también que un problema fundamental es la corrupción imperante en las fuerzas policiales, particularmente en la de la provincia de Buenos Aires, donde muchos de sus agentes aparecen a menudo asociados a malhechores.
Si este complicado problema no se resuelve, las leyes penales más severas servirán de muy poco, advierten especialistas penales.
El presidente Néstor Kirchner tiene en preparación un programa de seguridad para enfrentar el auge delictivo, que se daría a conocer en los próximos días.
También elabora un nuevo plan de seguridad el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, muy debilitado por el incremento delictivo en su distrito y por el desprestigio de su policía, que con 40 mil efectivos es la principal de Argentina.
