El jefe de la comisión y presidente del ente estatal de descentralización, Luis Thais, declaró que "hoy tenemos que hacer historia en Ilave", capital de la provincia del Collao, y que se había decidido "convocar elecciones en un período de cuatro a seis semanas".

La comisión gubernamental propuso a los aymaras nuevas elecciones, formar un gobierno transitorio y la creación de un concejo de coordinación local.

"Tienen que pensar bien a quién elegir, para que todos estén contentos con sus autoridades", agregó Thais en la plaza central de Ilave ante cerca de tres mil aymaras, bajo la atenta vigilancia de unos 200 policías.

La movilización de la población aymara de esa región se inició hace 25 días para solicitar la dimisión por presunta corrupción de tres alcaldes de la provincia del Collao.

El pasado lunes una turba linchó al alcalde de Ilave, Cirilo Robles, y varios concejales fueron heridos.

El representante gubernamental comentó que comprendía que "ninguna autoridad puede subsistir repudiada por su pueblo" y que debido "al vacío de poder" que existe en Ilave se discutirá con las autoridades aymaras la instalación de un gobierno temporal.

Los aymaras apostados en la Plaza Central de Ilave recibieron con cierta reticencia a la comisión gubernamental, pero el resquemor se fue diluyendo para dar paso a los acuerdos preliminares.

"El municipio no puede quedar sin funcionar por tanto tiempo", indicó Thais.

"Les doy mi palabra de honor que encontraremos soluciones dentro de la ley", agregó.

La comisión, integrada por representantes del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Descentralización, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Jurado Nacional de Elecciones y la Iglesia Católica, espera definir el gobierno "temporal" municipal en las próximas horas.

Durante este miércoles, los aymaras reclamaron al gobierno por "su olvido permanente" y advirtieron que "todos somos culpables" por la muerte a golpes del alcalde Robles.

En ese sentido, pidieron que "a todos se nos condene" por ese asesinato.

También reclamaron a los periodistas llegados a esa remota localidad, sobre la frontera con Bolivia, que "informe la verdad y que no tergiverse" la protesta de la población "contra una autoridad corrupta".

Miembros de la Iglesia que forman parte de la comisión negociadora informaron que "tratarán el tema de los fallecidos entre los manifestantes contrarios al alcalde, Cirilo Robles," que según denuncian ascienden a siete personas.

En un mensaje a la nación, el presidente peruano, Alejandro Toledo, condenó el martes, "en los términos más enérgicos", el asesinato del burgomaestre y anunció que los responsables de este crimen "serán severamente sancionados".