TEGUCIGALPA, Honduras, mayo 18, 2004.- El gobierno afirmó que no fue intencional el incendio desatado en una cárcel estatal de la costa atlántica de Honduras en el que murieron 103 pandilleros juveniles o "mareros". "Esa afirmación es temeraria", dijo el vicepresidente Vicente Williams al ser consultado el martes por la prensa sobre declaraciones de sobrevivientes de que el incendio fue intencional.
Williams dijo en rueda de prensa que el gobierno pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que investigue la tragedia de la prisión de San Pedro Sula.
Asimismo anunció la creación de una comisión especial para mejorar el sistema penitenciario, que ya colapsó, encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales.
"Lo que nos proponemos es rehabilitar a los reos para incorporarlos a la sociedad y buscamos financiamiento internacional para reparar y mejorar las prisiones", subrayó.
Esa ciudad, considerada el polo de desarrollo de Honduras, está a unos 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El vicepresidente señaló que el gobierno relevó al director de la cárcel, Elías Canaca, y retiene las armas de los guardias para determinar lo que pasó. Algunos sobrevivientes dijeron que los guardias dispararon contra ellos para impedir que salieran de la celda.
Las autoridades, en cambio, argumentan que los custodios dispararon al aire en forma de advertencia porque creyeron que los reos intentaban escapar.
"Esperemos los resultados de la investigación, no nos anticipemos a los acontecimientos... y no echemos leña al fuego, que en un momento dado afectará al gobierno y toda la nación", dijo Williams.
"Lo que pasó es un aldabonazo, pero heredamos esa situación y tratamos de dar respuestas al sistema penitenciario". El presidente Ricardo Maduro inició su gestión de cuatro años en enero del 2001y la concluirá en enero de 2006.
Por su lado, el ministro de Gobernación (Interior), Jorge Hernández, aseguró que el 93% de los reos hace dos años no había recibido sentencia.
"Ahora, el problema ha bajado al 47% porque el 63% ha sido condenado y se trabaja intensamente por reducirlo al 10%", añadió.
Señaló que en las 27 cárceles del territorio nacional hay alrededor de 10.500 detenidos.
Entretanto, la Compañía de Jesús condenó al gobierno "por alentar una campaña de intolerancia contra los jóvenes de las maras o pandillas, mientras posterga la búsqueda de respuestas profundas a la problemática social del país".
En un comunicado, los jesuitas dijeron que "exigimos al estado que asuma su deber jurídico de prevenir la violación de los derechos humanos en las cárceles e investigar los asesinatos cometidos allí y acompañamos a todos los que tienen hambre y sed de justicia".
En un incendio similar en abril de 2003 en la granja penal de La Ceiba, sobre el Atlántico, murieron 68 personas, entre ellas 61 mareros. Hubo 31 heridos.
Los mareros detenidos han incendiados unas cinco cárceles en dos años para tratar de fugarse.
