En la cuestión más debatida, la fórmula de doble mayoría para las decisiones del Consejo de la UE, las nuevas propuestas elevan los umbrales de decisión del inicial 50 por ciento de los estados y 60 por ciento de población, al 55 y 65 respectivamente.

España defiende que la doble mayoría se defina como "mitad más uno" de los países y "dos tercios" (66.66 por ciento) de la población, mientras que Francia, Alemania o Italia, reclaman mantener la versión inicial del borrador.

En cuanto a la Comisión Europea (CE), la presidencia plantea que esté compuesta por un comisario por país hasta 2014 -para satisfacer a los estados pequeños y medianos-, y que se limite desde entonces a 18 comisarios, "incluidos el presidente de la Comisión y el ministro de Asuntos Exteriores, elegidos conforme a un sistema de rotación estrictamente igualitario".

Por lo que respecta al Parlamento Europeo, la presidencia eleva de 4 a 6 el mínimo de eurodiputados para satisfacer las necesidades de los países "más pequeños", al tiempo que constata que "algunas delegaciones" quieren "reexaminar" el reparto de escaños por países, elevar "a 745 o 750" el número de eurodiputados y establecer cuotas mínima y máxima para la aportación de cada país.

En este sentido, la presidencia se limita a recordar que el borrador de Constitución ya prevé que el Parlamento presente una iniciativa al respecto antes de las elecciones europeas de 2009, para su adopción por el Consejo Europeo, por unanimidad con el consentimiento del Parlamento.

Las propuestas sobre la arquitectura institucional de la futura UE se incluyen en un documento correspondiente a las cuestiones donde la presidencia aún no aprecia un consenso consolidado.

El objetivo es que sirvan de base para el acuerdo general de los jefes de Estado y de Gobierno, y sea posible así sancionar el texto de la Constitución de la UE en la cumbre que éstos inician mañana en Bruselas.

Este documento incluye además una satisfacción parcial del llamamiento de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, entre otros estados, para que la Constitución no refuerce el poder de la Comisión a la hora de controlar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Así, ha enmendado el artículo sobre déficit públicos excesivos -superiores al 3% del PIB- de forma que la CE siga limitándose a plantear una "recomendación", y no una "propuesta" como preveía el borrador inicial, en el momento de definir las medidas correctivas que debe adoptar el Estado incumplidor y el plazo en que debe aplicarlas.

El matiz semántico tiene consecuencias prácticas, ya que para modificar una recomendación, basta con reunir la mayoría cualificada del Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin)-como ocurrió en noviembre de 2003 cuando se suavizaron los procedimientos a Francia y Alemania-, mientras que para alterar una propuesta, es necesaria la unanimidad del Consejo.

Sin embargo, la presidencia preserva la facultad de la CE de plantear "propuestas" al Ecofin cuando toque determinar si un país incurre o no en déficit excesivo.

El primer ministro irlandés y actual presidente del Consejo Europeo, Bertie Ahern, presentará también a sus homólogos otro paquete de enmiendas que, según considera, sí son ya objeto de consenso.

Entre ellas, se encuentra la respuesta a la demanda española de establecer en la Carta Magna una fórmula de reconocimiento de las lenguas cooficiales en los estados miembros, como el catalán, el gallego, o el euskera.

La presidencia ha incluido la posibilidad de traducir oficialmente el texto constitucional a estas lenguas, y ha asumido una parte de la declaración propuesta el lunes por España donde se indica que este gesto "contribuye a cumplir el objetivo de respetar la riqueza cultural de la Unión y la diversidad lingüística".

En cambio, no ha aceptado la petición de que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones europeas, y obtener respuesta, en estas lenguas cooficiales.