Uribe se preguntó en su discurso el miércoles en referencia a una matanza de 34 campesinos por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "¿con quién se queda AI?".

La organización contestó que "se queda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" y contra preguntó cuál era el compromiso gubernamental con las personas que sufren esos abusos.

"AI se pregunta si es que el gobierno tiene el mismo compromiso con las víctimas ¿por qué insiste en políticas contrarias a las recomendaciones en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas?", dijo AI en comunicado de prensa.

"Las acusaciones del Presidente... son inexactas e inaceptables".

Uribe ha tenido fuertes enfrentamientos con organizaciones de derechos humanos frente a lo que él considera parcialidad frente a los abusos de la guerrilla, pero es la primera vez que denuncia a AI con nombre propio.

El mandatario dijo en un discurso en una ceremonia policial que esta organización es "cómplice culposa del terrorismo" y que esta sesgada ideológicamente, como se ve al permanecer en silencio frente a los abusos de los rebeldes.

AI, con sede en Londres, afirmó que Uribe parecía querer desviar la atención sobre las preocupaciones internacionales para no responder sobre sus políticas y agregó que sus afirmaciones ponen en peligro la vida de los defensores de los derechos humanos.

Desde el inicio del gobierno Uribe hace casi dos años, los indicadores de violencia en Colombia han disminuido sustancialmente.

Sin embargo, la comunidad internacional ha mostrado su preocupación por medidas como la ley antiterrorista, recientemente aprobada, que otorga facultades de policía judicial al ejército y permite interceptación en las comunicaciones sin previa orden de un juez.

Naciones Unidas emitió unas recomendaciones, que el gobierno ha desatendido.

En el último informe de AI sobre Colombia divulgado en abril se condenan las acciones guerrilleras en particular en Arauca, departamento donde los rebeldes han tomado a la población civil como centro de sus ataques.

"Le solicitamos al señor Presidente leer detenidamente nuestros informes antes de lanzar acusaciones infundadas y falsas", afirmaron en comunicado de prensa.

El ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, bajándole el tono a la polémica, dijo el jueves que buscan "más solidaridad" en la condena contra estas acciones.

"No polemizo con Amnistía, yo lo que quiero es que ellos nos ayuden a condenar a los criminales que están haciendo esas masacres, como es el caso de las FARC", dijo Pretelt a periodistas.

La masacre ocurrida el martes es la primera de esta magnitud en los dos años de este periodo presidencial, según las autoridades.