Los republicanos desean que el Senado vote a principios del mes próximo la enmienda constitucional propuesta por el presidente George W. Bush para prohibir en todo el país los matrimonios del mismo sexo, permitidos en la actualidad en el estado de Massachusetts.

Los senadores republicanos quieren que sus contrincantes demócratas se pronuncien claramente sobre este asunto, que ha suscitado tanta polémica entre los ciudadanos, y que lo hagan en vísperas de la Convención Nacional del Partido Demócrata, prevista para fines de julio en Boston.

Su propuesta ha sido plenamente respaldada por el grupo conservador "Consejo de Investigación Familiar", cuyo presidente, Tony Perkins, expresó en un comunicado su deseo de ver "qué senadores" en concreto van a defender públicamente este tipo de matrimonios.

Muchos demócratas, añadió Perkins, apoyan en privado su prohibición, en sintonía con lo que opina el 72 por ciento de los estadounidenses.

Los demócratas, que cuentan con un fuerte apoyo de la comunidad gay, acusan a los republicanos de utilizar este asunto como arma electoral para dividir a los votantes.

Por ello, insisten en que el tema no debe llevarse al plano federal, sino que tienen que ser los distintos estados de la nación los que decidan si prohíben o no los matrimonios entre homosexuales.

La propuesta del Partido Republicano les coloca en una posición complicada, ya que son conscientes de que muchos ciudadanos que comparten su ideología no apoyan los matrimonios entre homosexuales.

El senador republicano Wayne Allard, uno de los principales defensor de la prohibición, afirmó en rueda de prensa que no existe intención de dividir a los votantes y que el apoyo a la enmienda constitucional que limita el matrimonio a las uniones entre hombres y mujeres procede de gran parte del país.

"No buscamos esta batalla", dijo el también republicano John Cornyn, quien responsabilizó de la controversia a jueces y otras autoridades de Massachusetts y California, dos de los estados más liberales en este ámbito.

Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, John Kerry, mantiene su rechazo para modificar la Constitución e insiste en que cada estado debe tener competencia para regularlo.

En respuesta al anuncio realizado por los senadores republicanos, la responsable de la campaña demócrata, Mary Beth Cahill, subrayó que la Constitución "es uno de los símbolos más duraderos y sagrados de nuestra nación, y no debe ser politizada por el presidente o sus jueces".

Lo único que logrará esta disputa, añadió, es "mantener los esfuerzos del presidente por dividir más a una nación ya dividida".