Sin embargo, el caso seguirá al ser remitido nuevamente a un tribunal de menor instancia.

Los magistrados decidieron por 7-2 que un tribunal inferior debería estudiar si la ley sobre secretos oficiales podría ser usada para obtener los documentos de la comisión especial.

La decisión abarca una pugna legal sobre la publicación de la información. La Corte Suprema podría haberle permitido a un juez federal ordenar la divulgación de los documentos.

El juez Antonin Scalia se negó a eximirse del caso, pese a su amistad con Cheney. Los detractores del vicepresidente habían puesto en duda su imparcialidad porque fue de caza con Cheney cuando el máximo tribunal estudiaba la apelación presentada por el vicepresidente.

"Consideraciones especiales aplicables al presidente y al vicepresidente sugieren que los tribunales deben tener presente el pedido del gobierno", ante apelaciones tan especiales, escribió el magistrado Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría.

El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo el jueves que mientras aunque el gobierno no ha tenido oportunidad de revisar el fallo, está complacido con el resultado de 7-2, que según dijo confirma la decisión del gobierno de Bush. "Consideramos que el presidente debería recibir consejo honesto y directo de su personal y de sus asesores. Es un principio importante", señaló McClellan.

Una ley de 1972 sobre secretos oficiales estipula que las comisiones del gobierno deben realizar su trabajo en público, a menos que todos los miembros sean funcionarios del gobierno.

Hasta que el gobierno no entregue algunos documentos, no estará claro quién redactó la política energética oficial, alegan los abogados de los grupos demandantes.

Poco después que Bush asumió el poder, encargó a Cheney, anteriormente ejecutivo de la industria energética, presidir una comisión especial, que recomendó tras varias reuniones privadas efectuadas en el 2001 varias normas favorables a la industria privada.

Tanto la organización activista Sierra Club como la conservadora Judicial Watch demandaron al gobierno, alegando que el público tiene el derecho a la información sobre comisiones como la de Cheney.

Las organizaciones señalaban que los ambientalistas fueron excluidos de las reuniones, mientras que se dio preferencia a la participación de ejecutivos como Kenneth Lay, presidente de Enron Corp., que finalmente quebró en medio de un escándalo de contabilidad.