WASHINGTON, Estados Unidos, jun. 28, 2004.- La Corte Suprema emitió este lunes un veredicto mixto en torno a la política antiterrorista del gobierno de George W. Bush, al indicar que si bien el ejecutivo tiene autoridad para mantener a ciudadanos estadounidenses y a extranjeros detenidos sin cargos ni juicio, los detenidos pueden apelar su status ante los tribunales. El veredicto es una victoria a medias para el gobierno, que quería un fallo más a su favor. La Casa Blanca deseaba tener la facultad de mantener detenidos a presuntos terroristas por el tiempo que quería, y sin interferencia alguna de jueces ni abogados.
El máximo tribunal emitió dos fallos, ambos por seis votos contra tres, aunque la votación de los jueces en cada uno fue distinta.
En el caso de Yaser Esam Hamdi, un estadounidense detenido en la guerra contra el terrorismo, la jueza Sandra Day O'Connor afirmó que el tribunal "ha dejado en claro que el hecho de que el país está en guerra no le otorga al presidente carta blanca cuando se trata de los derechos de los ciudadanos".
Si bien el Congreso le dio al presidente la autoridad de mantener a Hamdi, dijo el tribunal, eso no descarta el derecho del detenido a un proceso judicial justo.
La corte dictaminó de manera similar en el caso de unos 600 extranjeros detenidos de manera indefinida en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. La corte dijo que los hombres pueden usar tribunales en Estados Unidos para que sean impugnados su cautiverio y su tratamiento.
La Corte Suprema eludió otro importante caso de terrorismo, al dictaminar que una demanda entablada en favor del detenido José Padilla mencionó de manera impropia al secretario de Defensa Donald Rumsfeld en lugar de un oficial de menor grado a cargo del buque de la armada en Carolina del Sur donde Padilla está preso desde hace más de dos años.
Padilla debe volver a presentar su demanda ante un tribunal de menor rango, dijo la corte.
Steven R. Shapiro, director legal de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, dijo que los dictámenes "son un fuerte repudio al argumento del gobierno de que sus actos en la guerra contra el terrorismo están más allá de las normas legales y que no pueden ser revisados en tribunales de Estados Unidos".