SAN FRANCISCO, Estados Unidos, jun. 28, 2004.- El Tribunal Supremo de Justicia resolvió que dictaminará si el gobierno federal tiene o no autoridad para impedir que los pacientes de enfermedades crónicas consuman marihuana por recomendación médica. De esta manera, el Supremo decidirá la batalla que se libra entre el Ejecutivo del presidente George W. Bush y los gobiernos locales y estatales con leyes que permiten el consumo de la hierba.
Mientras que las leyes de algunos estados, como California, permiten el cultivo y el consumo de la planta con supervisión médica, la legislación federal lo prohíbe bajo cualquier circunstancia.
El Tribunal de Apelaciones de San Francisco (California) estableció a finales de diciembre que la legislación federal que impide el acceso a la marihuana es anticonstitucional, y permitió el consumo de la hierba siempre que se use por recomendación médica y sin tener que pagar por ella.
La decisión de diciembre se dirigía a una de las áreas más debatidas del derecho constitucional de Estados UNIDOS; la relativa al poder del Gobierno federal de intervenir en asuntos que Tradicionalmente son competencia de gobiernos locales o estatales.
El fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, y otros miembros del gobierno federal habían puesto gran empeño en perseguir a los consumidores de marihuana bajo el argumento de que es objeto de intercambio comercial entre los estados.
La policía antidroga ha llevado a cabo múltiples batidas en California contra cultivos como el de Diane Monson, una mujer que padece dolores crónicos.
Monson y Angel Raich, una mujer de Oakland con un tumor cerebral incurable, denunciaron a Ashcroft ante el tribunal federal, al que pidieron protección para que los agentes policiales no confiscasen su hierba.
Sus abogados argumentaron que ambas utilizan el producto solamente con fines medicinales y sin pagar dinero por ello, y por lo tanto no incurren en ningún tipo de comercio interestatal.
Pero el Departamento de Justicia llevó el asunto ante el Supremo con el argumento de que la decisión de los jueces de San Francisco "disminuye sustancialmente" la capacidad de las agencias policiales anti-droga.
Por su parte, los abogados de las enfermas pidieron al Supremo que rechace la petición del Gobierno, ya que, según dijeron, se trata de proteger el "derecho fundamental a aliviar dolor y agonía innecesarios".
