BRASILIA, Brasil, jun. 29, 2004.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió este martes que aún existen serias deficiencias en la defensa de los derechos humanos en su país, aunque dijo confiar en que durante su gobierno podrá construir un Brasil más justo. "Estamos lejos de cumplir ese cometido, pero sabemos su destino. Tenemos un proyecto claro y la seguridad de que cumpliremos", dijo Lula en un acto oficial con el que fue inaugurada la IX Conferencia Nacional de Derechos Humanos.
El mandatario indicó que el país ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por buscar el desarrollo económico, pero consideró que "la eficiencia económica no es necesariamente sinónimo de respeto a los derechos humanos".
La semana pasada, Amnistía Internacional divulgó un informe en el que destacó que gran parte de la población brasileña, y sobre todo los más pobres, es víctima de ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de la policía.
El documento ponderó sin embargo que en el país, donde también se registran muchos casos de hacinamiento y maltratos en las cárceles y violencia contra los indígenas, el gobierno lucha por alterar esa realidad.
En ese sentido, Lula indicó que durante su gestión, iniciada el 1 de enero de 2003, la policía ha liberado a unos 5 mil 400 labriegos que eran obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en haciendas del interior del país.
El secretario nacional de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, cuyo cargo tiene estatus de ministro, subrayó que el gobierno transformará en proyectos concretos el llamado Plan Nacional de Derechos Humanos.
"El problema de Brasil es que las leyes no salen del papel para beneficiar a millones de personas y las instituciones tampoco funcionan adecuadamente", puntualizó.
"Estudios y encuestas indican que los brasileños no confían mucho en el Estado y que la gente cree que muchas violaciones (de los derechos humanos) no son registradas ni investigadas", añadió.
Miranda también informó sobre la implementación de un número telefónico gratuito para recibir informaciones de abusos.
Ese servicio funcionará en todo el país a partir de julio próximo y contará con operadores y abogados que se encargarán durante 24 horas diarias de recibir las denuncias, que podrán ser anónimas.
El secretario subrayó que esa iniciativa forma parte de un plan para formar una red articulada de instituciones oficiales y civiles para defender los derechos de los ciudadanos.
Aseguró que el Ejecutivo también hará hincapié en la defensa de la prohibición del comercio de armas en el país.
"De los 50 mil homicidios que ocurren en Brasil anualmente, casi la mitad fue por armas de fuego, la mayoría de ellas en manos de personas que no tenían autorización para portarlas", dijo.
