El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno de Estados Unidos a ofrecer un mínimo de acceso legal a los prisioneros en su base naval en Cuba, algunos de los cuales llevan más de dos años encerrados sin cargos y sin contacto con abogados.

En su decisión la semana pasada, la Corte Suprema afirmó que los prisioneros de Guantánamo tienen el derecho de argumentar ante una corte federal que su detención es ilegal, con lo que refutó el argumento del Gobierno de que ningún tribunal estadounidense tiene jurisdicción sobre su base militar en Cuba.

En respuesta, EU ha puesto en marcha a toda prisa un proceso para la revisión de sus casos, con el cual "el Gobierno estará en posición de decir que hemos satisfecho totalmente nuestras obligaciones legales", según afirmó anoche a la prensa un alto funcionario del Departamento de Justicia que no quiso ser identificado.

Este proceso está diseñado para cumplir de manera mínima los requisitos de la decisión del Tribunal Supremo.

Permitirá a cada detenido conocer, por primera vez, por qué está encarcelado y pedir a un panel militar imparcial su liberación, pero el procedimiento no tiene nada que ver con un juicio o una audiencia civil o militar normal.

En primer lugar, los detenidos no contarán con un abogado defensor, sino con la ayuda de un oficial militar que actuará como su "representante personal".

Para Gregory Noone, ex abogado militar de la Marina de EU, la razón está clara: "los abogados causan problemas".

Noone puso en duda la capacidad de esos representantes de asistir a los detenidos por su falta de preparación legal.

Los prisioneros podrán testificar si lo desean en la audiencia, que se realizará ante un tribunal compuesto por tres oficiales militares "neutrales", según el Gobierno.

Este tribunal podrá decidir su puesta en libertad, pero los obstáculos para que lleguen a esa decisión son grandes.

No existirá la presunción de inocencia y el prisionero tendrá que probar que no es un "combatiente enemigo", que es como el Pentágono ha denominado a todos los retenidos en Guantánamo.

EU VIOLA EL DERECHO INTERNACIONAL: HRW

La Convención de Ginebra obliga a considerar a los detenidos en el campo de batalla como prisioneros de guerra a menos que una corte demuestre lo contrario, según explicó Wendy Patten, abogada de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.

Por ese motivo, lo que el procedimiento establecido por el Pentágono viola el derecho internacional, a juicio de Patten.

Además, "habrá una presunción debatible en favor de la evidencia del Gobierno", informó un funcionario del Departamento de Defensa, lo que significa que las pruebas del Gobierno valdrán más que lo que presente el detenido, aunque éste puede intentar refutarlas.

El prisionero podrá llamar a testigos, pero sólo si "están razonablemente disponibles", explicó la fuente, lo que entraña una gran dificultad para los detenidos, de acuerdo con Noone.

La mayoría de ellos fueron apresados en Afganistán bajo sospecha de ser miembros del Talibán o la red terrorista Al Qaeda.

Según Noone, un pastor afgano que está en Guantánamo podría pedir el testimonio de personas que lo conocen para probar que no ha cometido ningún delito, pero es dudoso que sea capaz de hacerlo.

A menos que el Pentágono permita la ida de personas de ese país a su base militar, "no veo qué otros testigos podrán tener", dijo el abogado.

Este proceso de revisión es el tercer mecanismo creado por el Pentágono para determinar el futuro de los prisioneros.

El primero que estableció fueron tribunales militares especiales que juzgarán a quince detenidos por ahora, según la última orden del Presidente de EU, George W. Bush.

El segundo ha sido una revisión anual de cada uno de los casos, durante la cual un panel de tres oficiales decidirá si el reo sigue siendo una amenaza para Estados Unidos. Si no lo es, podrá ordenar su puesta en libertad.