Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española se opuso a la entrega de varios documentos solicitados por la comisión al juez encargado del sumario del 11-M, Juan del Olmo, por entender que afectan al secreto de las investigaciones, aunque dejó la decisión final en manos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

El anuncio de que la comisión podrá ver 19 documentos del Centro Nacional español de Inteligencia (CNI, servicios secretos) y la llegada del auto judicial sobre la obtención de los explosivos coinciden con la aprobación por el Gobierno de un conjunto de medidas para controlar el manejo, depósito y tenencia de armas y explosivos. El objetivo es, según el Ejecutivo, "levantar barreras físicas y legales frente a quienes quieren usar explosivos con fines ilícitos", ya que las normas existentes "son insuficientes", como "han puesto de manifiesto" los atentados del 11 de marzo, que causaron 190 muertos y más de mil 400 heridos.

El ministro español del Interior, José Antonio Alonso, dijo que se persigue "delimitar con mayor precisión el círculo de personas responsables del almacenamiento, depósito y consumo de explosivos, exigirles ese control y sancionar duramente las conductas que las contravengan".

Después de que el martes pasado comenzaran las comparecencias ante la comisión parlamentaria del 11-M, que proseguirá sus trabajos el próximo día 13, las dos principales fuerzas políticas del país -el gobernante Partido Socialista y el conservador Partido Popular, en el poder en el momento de los ataques- se acusan mutuamente de obstruccionismo.

Así, los socialistas piensan que "empiezan a aparecer más razones para requerir explicaciones al ex presidente del Gobierno" José María Aznar, dado que consideran demostrado que el anterior gabinete mentía mientras la Policía hacía su trabajo, pero quieren conocer primero los testimonios de la anterior cúpula del Ministerio del Interior y, en concreto, de Ángel Acebes, quien era su titular.

Por su parte, el Partido Popular acusa a los socialistas de intentar obstaculizar los trabajos de la comisión al impedir que declaren los confidentes de la Policía y al condicionar los interrogatorio" con contactos entre sus diputados y algunos testigos.

En esta primera semana de comparecencias ante la comisión, declararon mandos policiales que facilitaron la cronología de las actuaciones de las fuerzas de seguridad desde que se produjeron las acciones terroristas.

En concreto, los comisionados buscaron precisiones sobre las horas exactas en las que surgían indicios que pudieran inclinar las vías de investigación hacia ETA o hacia el terrorismo islámico y el momento en que éstos eran comunicados a los responsables políticos.

También centraron gran parte de su atención en cómo llegó la información de que la dinamita utilizada era Titadyne, lo que inclinó a dar prioridad a la vía de ETA, aunque finalmente este dato fue erróneo, pues el explosivo empleado era Goma 2 Eco.

Asimismo, se prestó atención a cuándo la Policía abrió la línea de investigación del terrorismo islámico, se comprobó que era la acertada y se descartó una eventual autoría de ETA.

Del testimonio de los mandos policiales se concluye que en la mañana del 13 de marzo estaba confirmada la responsabilidad del terrorismo islámico, hipótesis que se abrió tras el hallazgo de una furgoneta en la localidad madrileña de Alcalá de Henares el día 11 en la que se encontraron una cinta con versículos del Corán, detonadores y restos de un cartucho.

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