El Tribunal de Gran Instancia de Burdeos (suroeste) decidió la nulidad de la unión, cuya celebración desencadenó una fuerte polémica que dividió a partidos políticos y sectores sociales en Francia.

Durante la audiencia del pasado 29 de junio, la fiscal Marie-Helene de la Landelle sostuvo que la boda era contraria al código civil francés.

"No es una cuestión de sociedad, de moral o de filosofía, sino de derecho. Si hay un debate, debe producirse en la Asamblea Nacional, pero no ante un Tribunal", declaró entonces la fiscal.

Los abogados de la pareja Stéphane Chapin y Bertrand Charpentier, argumentaron que ningún artículo de ese código prohíbe el enlace entre dos personas del mismo sexo y que ningún texto define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.

La decisión de Tribunal representa un revés que ya había previsto el alcalde Noel Mamere, quien anunció su intención de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fracasaba ante la justicia francesa.

Para el Gobierno conservador francés, que rechazó la celebración de esta boda, la nulidad del matrimonio es una victoria esperada.

El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, dijo antes del enlace que todo alcalde que celebrara bodas homosexuales se tendría que atener a "las sanciones previstas por la ley".

El titular de Justicia, Dominique Perben, aseguró que la decisión de Mamere no tenía "ningún valor jurídico".

Mamere, diputado Verde y ex candidato por esa formación a las elecciones presidenciales de 2002, se vio suspendido de sus funciones durante un mes por celebrar la unión y desobedecer así "la prohibición" de la Fiscalía de Burdeos.

El alcalde desoyó las advertencias del Ministerio Público y del propio Perben para que abandonara su idea de celebrar una unión entre homosexuales, bajo penas de sanciones.

Según las declaraciones del alcalde, su objetivo era "provocar un debate social y político".