CARACAS, Venezuela, jul. 28, 2004.- La plenaria del Tribunal Supremo de Justicia aprobó este miércoles, la jubilación del magistrado José Delgado Ocando, lo que agudizó la crisis que enfrenta la Corte luego del retiro adelantado que se hizo este mes de otros tres jueces y la destitución que realizó el Congreso del vicepresidente del máximo tribunal. La Corte dijo en un comunicado que Delgado Ocando de la Sala Constitucional fue jubilado atendiendo una solicitud que presentó el juez.
A comienzos de este mes el Tribunal Supremo jubiló a los magistrados Alberto Martini y Rafael Hernández de la Sala Electoral, y Rafael Pérez de la Sala Penal, cuyos cargos fueron asumidos por sus suplentes.
Las jubilaciones de Martini y Hernández fueron asumidas por algunos ex jueces y dirigentes opositores como una "salida apresurada" que tomaron los dos magistrados en respuesta a la sanción que aprobó contra ellos el cuarto poder público por validar un lote de firmas opositoras que respaldaban el referendo contra el presidente Hugo Chávez.
El Poder Moral, integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, determinó el mes pasado que Martini y Hernández incurrieron en "falta grave" en su sentencia del referendo, lo que abrió el camino a su virtual destitución por parte de la Asamblea Nacional.
La bancada oficialista, que controla 53% del Congreso, aprobó a finales de junio la destitución del vicepresidente de la Corte, Franklin Arrieche, apoyados en la nueva Ley del Tribunal Supremo que permite a una mayoría simple de la Asamblea Nacional remover y nombrar magistrados.
Los congresistas oficialistas iniciaron en junio la selección de los nuevos magistrados de la Corte de acuerdo a lo que prevé la ley del Tribunal Supremo que amplió de 20 a 32 el número de jueces de esa instancia.
Human Rights Watch (HRW) denunció en junio que el gobierno emprendió una maniobra, apoyado en la nueva Ley del Tribunal Supremo, para tener "una mayoría abrumadora de magistrados" a pocas semanas del referendo sobre el recorte de mandato del presidente Hugo Chávez.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, expresó que la difícil situación que enfrenta el Poder Judicial representa un grave riesgo debido a que de darse un estrecho resultado en el referendo del 15 de agosto, la decisión final podría quedar en manos de la Corte, cuya independencia está "amenazada".
Las autoridades venezolanas rechazaron los señalamientos de la mayor organización de derechos humanos de los Estados Unidos.
