"Información falsa o mal investigada puede resultar en un linchamiento moral, destruir vidas y causar bancarrotas", dijo Ricardo Berzoini, ministro del Trabajo, que firmó el proyecto, en declaraciones difundidas el viernes por la privada Agencia Estado.

Según la propuesta oficial, el Consejo Federal de Periodismo, con sede en Brasilia, tendrá a la vez los consejos regionales en los 26 estados del país, y la atribución de "orientar, disciplinar y fiscalizar el ejercicio de la profesión de periodista y la actividad del periodismo".

Los consejos también velarán "por que se observen los principios de la ética y disciplina...y luchar por el derecho de la libre información plural y por el perfeccionamiento del periodismo", según una nota de la Casa Civil, o jefatura de gabinete del Gobierno.

La Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) -que reúne a unos 30 mil periodistas en el país- entregó el primer texto del proyecto de ley al ministerio del Trabajo en diciembre del 2002, pero en aquel primer texto no estaban incluidas las frases "orientar y disciplinar", entre otras.

La propuesta oficial surgió dos meses después que el gobierno de Lula revocara la visa a un corresponsal del The New York Times, quien escribió un artículo sugiriendo que el mandatario tenía un problema con la bebida. Una semana después, el gobierno revirtió su decisión y restauró el visado.

Pero organismos no gubernamentales afirmaron que la medida era un grave precedente.

El Instituto Internacional de la Prensa exhortó a modificar leyes migratorias de Brasil, y que permiten al gobierno expulsar a un corresponsal extranjero si considera ofensivo algún reportaje.