En los primeros días de septiembre se quemaron 1.9 millones de hectáreas. La superficie devastada es superior a los últimos cuatro años, dijo a la prensa el intendente, Federico Martínez.

Gran parte del oriente boliviano todavía estaba cubierto por el humo de los incendios forestales, que proliferan a partir de julio cuando los campesinos queman pastizales y bosques para habilitar nuevos sembradíos, una práctica común también en los estados de Brasil fronterizos con Bolivia.

Aunque en este día los incendios disminuyeron, la Superintendencia dijo que a principios de mes llegó a contabilizar hasta 34 mil 463 puntos de fuego.

La densa humareda obligó a declarar estado de emergencia sanitaria en los departamentos amazónicos de Santa Cruz, Beni y Pando al este y norte de La Paz, respectivamente, ante el aumento de infecciones oculares y respiratorias.

La situación se agravó por la ausencia de lluvias. La comunidad más afectada es Guarayos, a 550 kilómetros al este de La Paz, donde el fuego arrasó con 16 viviendas precarias. Un bebé y un anciano fallecieron en esa localidad, pero las autoridades de gobernación aseguran que no fue por la contaminación, como indicaron inicialmente algunos medios de prensa.

Autoridades de gobierno anunciaron que enviarán diez mil raciones de alimentos para los evacuados en esa región, donde un contingente de 600 soldados, junto a voluntarios y pobladores, intentan controlar las llamas.

Aunque los incendios provocados tienen pena de cárcel, las autoridades se han declarado impotentes para cambiar la costumbre de los campesinos, que apelan a la "quema" como la forma más barata para abonar sus tierras y habilitar cultivos.

"Hay que trabajar en la parte educativa antes que en la penalización", sostuvo el ministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza, quien dijo que un plan de prevención no pudo aplicarse por la política de austeridad decretada por el gobierno.