El gobierno redujo la cifra original de 6 millones a 4 millones al contar solamente los casos que necesitan para completarse un plazo mayor al de seis meses fijado por Bush.

En julio, el gobierno dejó de contar las solicitudes de residencia permanente de hijos y hermanos de ciudadanos estadounidenses, así como de cónyuges e hijos de residentes legales. Así se eliminaron alrededor de 1.1 millones de solicitudes.

Si se cuentan todos los casos, el número de solicitudes pendientes era de 4.2 millones a fines del mes pasado, comparado con 6.2 millones a fines de septiembre del 2003.

Eduardo Aguirre, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, dijo que la redefinición de los casos pendientes no es un engaño sino un esfuerzo por otorgar lo antes posible los beneficios a las personas autorizadas a recibirlos.

Ciudadanos y residentes legales deben esperar entre 2 y 22 años para traer al país a ciertos familiares, de acuerdo con el grado de parentesco y el país de origen.

Aguirre dijo que no tiene sentido analizar a esas solicitudes hasta que la agencia pueda otorgar el pedido al solicitante.

“Lo que estamos redefiniendo es cómo priorizar nuestro trabajo", dijo el funcionario. "Es importante redefinir lo que está pendiente. Caso contrario, uno incluiría como material atrasado algo que debe esperar 17 años para ser otorgado, lo cual es irracional".

En promedio, se da curso a las solicitudes en unos 11 meses, comparado con 12 meses el año pasado.

Los cambios no convencen a ciertos promotores de los derechos de los inmigrantes.

Judy Golub dijo que la redefinición pone de manifiesto que el Congreso debe dar mayores fondos a la agencia para que pueda analizar las solicitudes.

La agencia aumentó las tarifas de solicitud en abril. El trabajo se realiza "sobre las espaldas de los inmigrantes", dijo Larry González, director en Washington de la Asociación Nacional de Funcionarios Elegidos y Designados Latinos.

Pero Aguirre dijo que "más dinero no es la solución".