Según la primeras pericias psicológicas, Rafael, el nombre del agresor, "tiene rasgos obsesivos y fóbicos" y "dificultades para integrarse activamente al medio social, especialmente a sus pares" pero "comprendió perfectamente lo que hacía", dijo en conferencia de prensa la jueza de menores Alicia Ramallo.

La tragedia golpeó el martes por la mañana al colegio "Islas Malvinas" de la ciudad de Carmen de Patagones, a unos 960 kilómetros al sur de la capital, cuando el joven abrió fuego con una pistola 9 milímetros contra sus compañeros de curso.

Las tres víctimas -dos chicas y un joven de entre 15 y 16 años- murieron en el aula, mientras que de los cinco heridos, uno de ellos se encuentra en grave estado.

La jueza Ramallo relató que "hablé dos palabras con él, fueron muy escuetas, me dijo "estoy arrepentido, todo pasó muy rápido y no lo recuerdo".

Rafael, apodado "Junior", se encuentra alojado en una dependencia judicial de la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires.

La opinión del psiquiatra que lleva adelante la pericia es que "la conjunción de múltiples factores de órdenes psicológicos individuales, familiares y sociales", empujaron al joven a cometer los crímenes.

Al mismo tiempo, "en los últimos dos años se verifican cambios en sus conductas habituales, con descenso de su rendimiento escolar y con comportamientos pocos usuales, con rechazo hacia los hábitos y costumbres propias de las personas de su edad".

Pese a este cuadro, el joven nunca recibió asistencia psicológica, sostuvo la jueza.

Para Ramallo, el agresor "comprendió perfectamente lo que hacía... No sabía el resultado de lo que había hecho, es decir cuántos chicos habían muerto o resultaron heridos".

Por ser menor de 16 años, "Rafael" es inmutable para la justicia Argentina.

La jueza informó que dada su patología, el joven quedaría internado en "una clínica psiquiátrica o en una comunidad terapéutica" al menos hasta cumplir los 21 años, por lo que descartó que pueda ser enviado a un instituto de menores o volver con sus padres, una empleada doméstica y un oficial de la Prefectura Naval (guardia costera), al que le robó el arma que usó para asesinar a sus compañeros.

Asimismo, afirmó que la familia del menor "está desconcertada, shockeada" con lo que sucedido. "Están muy tristes y no comprenden qué está pasando", aunque aclaró que se trata de una familia "bien plantada".

Incluso, la magistrada desligó de responsabilidades penales a los padres.