PEKÍN, China, oct.13, 2004.- Pekín anunció este miércoles una enmienda de la ley sobre la pena de muerte para que las sentencias sean juzgadas por el máximo tribunal estatal. Según Amnistía Internacional (AI), esto reducirá el número de ejecutados y es "un primer paso hacia la abolición de la pena capital".
La nueva reforma, anunciada por el vicepresidente del Tribunal Supremo de China en declaraciones al periódico estatal "China Daily", dicta que las apelaciones a las sentencias de muerte deberán ser juzgadas por el máximo tribunal estatal.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo no trataba muchos de los casos o basaba sus decisiones simplemente en informes escritos de cortes locales y provinciales, lo que prácticamente daba la última palabra a jueces de provincias a la hora de aplicar o no la pena capital.
"La reforma es un cambio significativo y debería suponer una enorme reducción en el número de condenas a muerte, ya que todas dependerán ahora del tribunal estatal", destacó Ben Carrdus, investigador de AI sobre la pena capital en China.
Carrdus, a quien Pekín no permite realizar investigaciones en China, explicó que desde principios de los años 90 se entregó la última decisión sobre la pena de muerte a los gobiernos locales chinos, lo que aumentó la arbitrariedad de la justicia.
El vicepresidente del Tribunal Supremo chino, Huang Songyu, dijo que la reforma, cuya fecha de entrada en vigor se desconoce, servirá para adaptar a China a acuerdos internacionales como la Convención de Derechos Políticos y Civiles suscrita por Pekín en 1996.
"Anteriormente, el Tribunal Supremo revisaba la pena de muerte a través de informes escritos, pero no juzgaba realmente el caso", reconoció Huang en la Conferencia sobre Ley Social que actualmente se celebra en Cantón (sur de China).
"En el futuro, la corte suprema revisará los casos de pena de muerte juzgando al acusado", añadió el magistrado.
La ley también introduce reformas para eliminar la posibilidad de prolongar de forma ilegal las detenciones policiales, otro asunto denunciado repetidamente por organizaciones pro derechos humanos.
La reforma penal se anuncia un día después de la visita a China del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
"La visita de Annan podría haber servido para que China diera ese paso, pero también las presiones que durante años ha ejercido Amnistía Internacional sobre Pekín", destacó Carrdus.
AI y otras organizaciones acusan a China de condenar a muerte a unas mil personas al año, el doble que el resto de países del mundo juntos, aunque este año la cifra bajó hasta 726, siendo todavía mucho mayor que la de otros estados que mantienen esta pena.
Por otra parte, expertos chinos acusan a Pekín y a los tribunales provinciales y locales de ocultar muchas de las ejecuciones y hablan de más de 10 mil condenados cada año.
El responsable de AI no quiso dar cifras sobre la reducción en el número de condenas que la nueva ley podría significar, limitándose a señalar que espera que sea "enorme" y que podría empezar a notarse en el mismo momento de su puesta en vigor.
Añadió que la situación en China era "insostenible" y que espera que asimismo se produzca en el futuro una reducción del número de delitos penados con la muerte en el país, actualmente 68, "desde un simple robo hasta el proxenetismo".
