NUEVA YORK, Estados Unidos, oct. 13, 2004.- El secretario general de la ONU, Kofi Annan, propuso la investigación de la supuesta corrupción en el programa "Petróleo por alimentos" financie con el remanente que dejó ese plan en las cuentas del organismo mundial. Annan así se lo informó en una carta al Consejo de Seguridad, con el objeto de resolver la financiación de los trabajos que desarrolla un equipo de expertos independientes, encabezados por el ex presidente de la Reserva Federal de EU Paul Volcker.
El presupuesto que maneja este equipo es de unos 30 millones de dólares para el próximo año, según fuentes de la ONU.
Annan propone en la carta que este dinero se cubra con el remanente que permanece en la cuenta de garantía abierta por la ONU para gestionar el programa humanitario.
Considerado como el programa más ambicioso de Naciones Unidas, "Petróleo por Alimentos" se ideó como una manera de aliviar la situación del pueblo iraquí ante las duras sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional.
El programa permitió al régimen iraquí, entre 1996 y 2003, vender ciertas cantidades de petróleo y, con estos ingresos, comprar alimentos y medicinas, así como otros bienes de primera necesidad.
Se calcula que en los siete años que estuvo vigente, el programa movió unos 46 mil millones de dólares.
Hace unos meses, tras ser derrocado en abril de 2003 el régimen iraquí del presidente Saddam Hussein, empezaron a salir a la luz denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en la gestión de este programa.
Entre ellas, que podrían haberse desviado unos 2 mil millones de dólares en pagos a aliados del régimen, empresas internacionales y funcionarios.
Una de las primeras denuncias vino del periódico iraquí "Al-Mada", que publicó una lista de 270 personalidades extranjeras que supuestamente habrían recibido petróleo como pago por sus favores al régimen de Saddam.
Entre los mencionados estaban, por ejemplo, el propio director del programa humanitario, Benon Sevan, y políticos europeos, como el diputado británico George Galloway o el ex ministro del Interior francés y recién elegido senador Charles Pasqua, si bien todos ellos negaron su implicación.
Según las denuncias, estas personas habrían podido actuar de intermediarios en la venta de crudo, recibiendo a cambio una prima por cada barril de petróleo asignado.
