Durante un discurso ante la llamada Sociedad Federalista, una organización de abogados conservadores, Ashcroft explicó que el "peligro" de la intrusión judicial y sus críticas al Gobierno "pueden poner en riesgo la seguridad misma de la nación en tiempos de guerra".

Son las primeras declaraciones públicas que hace el fiscal general de EU desde que la Casa Blanca confirmara su dimisión el martes pasado.

Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), criticó en un comunicado que "en su estilo habitual, Ashcroft vuelve a mostrar desdén hacia quienes discrepan con él, incluso los jueces".

En un discurso con matices didácticos, Ashcroft enumeró los logros de la lucha contra el terrorismo en los últimos tres años, dentro y fuera de EU, entre los que incluyó la "liberación de dos pueblos" (Afganistán e Irak) y la eliminación o arresto de tres cuartas partes de la red terrorista Al Qaeda.

Ashcroft hizo hincapié en el Artículo II de la Constitución de EU, que establece los poderes y obligaciones del Presidente, a la vez que advirtió sobre la "excesiva" injerencia del Poder Judicial.

Para Ashcroft, la Constitución da al Poder Ejecutivo la "flexibilidad" y "agilidad" para responder a las amenazas que afronte el país, en este caso el terrorismo internacional.

El sistema judicial no cuenta con los mecanismos para "ejecutar las leyes" ni tienen los jueces el conocimiento o la experiencia necesaria para la "administración eficaz de varias partes del Gobierno", dijo Ashcroft.

Ashcroft no dio ejemplos concretos de la intrusión de los jueces, pero desde junio pasado el Gobierno del presidente George W. Bush ha sufrido reveses en los tribunales federales en su lucha contra los terroristas.

El lunes pasado, una corte federal puso freno al tribunal militar en contra del presunto choer del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, mientras no se aclare su estatuscuo "combatiente enemigo".

Sin ofrecer detalles, el Departamento de Justicia apeló hoy mismo la decisión de ese tribunal. En junio pasado, el Tribunal Supremo determinó que los detenidos en la base naval de EU en Guantánamo, Cuba tienen derecho a impugnar su estatus de "combatiente enemigo" en las cortes federales de este país.

Ambas decisiones han sido respaldadas por grupos defensores de los derechos civiles, que han cuestionado las detenciones indefinidas de los prisioneros en Guantánamo.

Ashcroft, encargado de hacer cumplir las leyes del país, ha sido objeto de críticas por su férrea defensa de la ley antiterrorista que, según sus adversarios, ha mermado los derechos civiles en Estados Unidos.

Esa ley, aprobada poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y conocida como la "Ley Patriota", amplió los poderes policiales para vigilar las llamadas telefónicas y espiar a presuntos terroristas en todos los sitios públicos.

La ley incluye algunas cláusulas que expiran en 2005 y que el Congreso debe autorizar de nuevo.

El sucesor de Ashcroft, el asesor legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, quien aún debe ser confirmado por el Senado, tampoco ha escapado a la controversia por su papel en la justificación del trato a los prisioneros de guerra iraquíes.

De ser confirmado, Gonzales tendrá, entre sus tareas prioritarias, continuar la defensa de la ley antiterrorista y agilizar la reforma de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).