El magistrado Felipe Terán, de la provincia de Tucumán, ratificó el hallazgo de las osamentas en un sitio que organismos de derechos humanos señalaron como uno de los lugares donde habían sido arrojadas víctimas del régimen militar.

La localización de los restos óseos se produjo luego de casi tres años de búsqueda en la zona conocida como Pozo de Vargas, a las afueras de la ciudad de Tucumán, la capital provincial, situada a unos mil 200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

El magistrado advirtió de que aún falta confirmar si los restos corresponden, efectivamente, a detenidos-desaparecidos.

"A primera vista, los huesos son de humanos, pero se encargaron exámenes histológicos, que nos darán la total y absoluta certeza en 15 ó 20 días" si corresponden a la época de la dictadura militar, sostuvo Terán.

Los restos pertenecerían a más tres personas, que habrían desaparecido cuando esa provincia fue gobernada de facto por el general Antonio Bussi, uno de los jefes de la dictadura requeridos por el juez español Baltasar Garzón por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

"Lo primero que queremos determinar es su antigüedad. Los exámenes pedidos no son de ADN", aclaró el magistrado, y preciso que las excavaciones en el llamado Pozo de Vargas para determinar si hay más restos humanos "nos están costando mucho por las filtraciones de agua".

Las excavaciones son realizadas por un equipo interdisciplinario especial de la Universidad Nacional de Tucumán desde hace tres años en una centenaria construcción de ladrillo que tiene varios metros de profundidad.

Los restos habrían aparecido a unos 35 metros de profundidad y aún quedaría otro tramo igual para perforar hasta el fondo del pozo.

Ante la noticia, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Bernardo Lobo Bugeau, sostuvo que de confirmarse que los restos corresponden a personas secuestradas "sería la primera prueba material del genocidio cometido durante la gobernación de facto del represor Bussi".

El dirigente del Partido Justicialista Enrique Romero, enfrentado con su correligionario y gobernador de Tucumán, José Alperovich, inició la causa penal con la denuncia de la existencia de una fosa común en la zona.

Bussi, de 78 años, se encuentra procesado y bajo arresto preventivo, que cumple en el domicilio de una de sus hijas en la localidad de Pilar, a las afueras de Buenos Aires, en el contexto de varias causas penales por violaciones a los derechos humanos.

Pese a las denuncias sobre secuestros y fusilamientos de presos políticos durante la dictadura, el general logró, una vez recuperada la democracia en Argentina, ser electo gobernador de Tucumán y luego diputado nacional en dos ocasiones, aunque en la última no pudo ocupar su escaño por decisión de la Cámara Baja.