La toma de posesión del nuevo gobierno está prevista para principios de febrero del 2006, por lo que el Consejo contempla para la misión una extensión de unos 18 meses, hasta mayo del 2006, y se votará sobre esta posibilidad en la reunión del próximo lunes.

El Consejo de Seguridad celebró consultas a puerta cerrada para revisar el último informe del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y escuchar el reporte de su representante especial en el país caribeño, Juan Gabriel Valdés.

El diplomático chileno destacó ante el Consejo el "compromiso" que mantiene el actual Gobierno de transición de mantener la convocatoria de elecciones para finales del año que viene, si bien insistió en que la situación del país no ha mejorado en los últimos meses.

De hecho, el informe del secretario general reconoce que se ha producido un deterioro, especialmente en el ámbito humanitario, tras las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Jeanne, a mediados de septiembre pasado.

A ello se une que el "clima político sigue siendo tenso", y que existe la amenaza creciente por parte de "varios grupos armados, algunos de los cuales han demostrado una intención cada vez mayor de desafiar y hacer frente al Gobierno de transición", según el informe.

Además, se ha producido un recrudecimiento de la violencia en algunas partes del país, especialmente en Puerto Príncipe.

Por todo ello, Valdés hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que continúe apoyando a Haití.

"Ahora sólo estamos plantando las semillas de un fruto que tardará en salir. Esto es una carrera a largo plazo", dijo a la prensa Valdés.

El diplomático encabeza la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), una fuerza que según está previsto tendrá 6 mil 700 efectivos en diciembre pero que ahora cuenta con unos 4 mil 500 soldados y policías.

En la composición de tropas destaca la participación de países iberoamericanos como Chile, España, Argentina, Brasil, Guatemala, Perú, y Uruguay.

Así, el propio informe de Annan recuerda al Gobierno de transición que la detención arbitraria de personas, sólo por su afiliación política, constituye una violación de sus derechos, por lo que insta a poner en libertad a todo aquel detenido contra el que no se hayan formulado cargos.